Venezuela figura en los registros internacionales con unos 303.000 millones de barriles probados. El origen de esa estimación y su viabilidad comercial siguen bajo discusión entre especialistas.
Venezuela figura en las estadísticas internacionales con las mayores reservas probadas de petróleo, estimadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles. La cifra, vinculada al petróleo pesado y extrapesado de la Faja del Orinoco, es objeto de debate por los criterios técnicos y económicos utilizados para calcular cuánto crudo puede recuperarse comercialmente.
La cifra oficial se consolidó con el Proyecto Magna Reserva
El Gobierno venezolano impulsó el Proyecto Magna Reserva para cuantificar y certificar los recursos petroleros de la Faja del Orinoco. En febrero de 2008, Hugo Chávez habló de cerca de 300.000 millones de barriles recuperables y distinguió esa estimación del petróleo original en sitio, que calculó en más de un billón de barriles.
En una presentación ante la Asamblea Nacional, el 13 de enero de 2012, Chávez afirmó que las reservas probadas habían llegado a unos 297.400 millones de barriles. La cifra quedó formalizada en la Resolución N.º 019: el documento fijó en 297.570,543 millones de barriles las reservas probadas al cierre de 2011 y señaló que ese año se incorporaron alrededor de 2.159 millones, descontada la producción.
El registro oficial y la discusión sobre su metodología son asuntos distintos: la resolución documenta qué cantidad incorporó el Estado a sus cifras, pero no resuelve por sí sola las críticas sobre los criterios técnicos y económicos aplicados.
La discusión se centra en la recuperación comercial
El petróleo original en sitio es el volumen estimado bajo tierra antes de su extracción. Las reservas probadas son una parte de ese volumen cuya recuperación comercial puede estimarse con razonable certeza, a partir de datos geológicos y de ingeniería y bajo condiciones económicas, operativas y regulatorias determinadas.
Por tanto, la presencia de grandes cantidades de crudo no significa automáticamente que todo ese petróleo pueda extraerse de manera rentable ni contabilizarse como reserva probada. El factor de recobro —la proporción que se puede producir— es clave, especialmente en la Faja, donde predominan crudos extrapesados y su extracción puede requerir tecnología, infraestructura e inversiones.
El economista y especialista petrolero Carlos Mendoza Potellá cuestionó que una estimación de 513.000 millones de barriles de recursos técnicamente recuperables en la Faja se utilizara como base para cálculos posteriores de reservas. Sostuvo que la recuperación técnica no demuestra por sí sola la viabilidad económica y puso en duda los supuestos sobre factores de recobro, precios futuros, costos y condiciones del mercado.
El geólogo y exdirector de Petróleos de Venezuela S.A. Gustavo Coronel también cuestionó el incremento de las reservas anunciado durante el gobierno de Chávez y la gestión de Rafael Ramírez. Según Coronel, el aumento, de aproximadamente 120.000 millones a cerca de 290.000 millones de barriles, no habría contado con suficientes perforaciones y estudios de yacimientos; también objetó el factor de recobro aplicado.
La cifra no despeja las dudas sobre costos y condiciones
Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, explicó que la existencia de grandes volúmenes en el subsuelo no basta para clasificarlos como reservas probadas: también debe demostrarse que pueden recuperarse técnica y económicamente. Según su análisis, la recuperación comercial en los bloques de la Faja ha sido históricamente limitada y elevarla exige inversiones importantes.
Así, las cifras oficiales reflejan el volumen incorporado a los registros del Estado, mientras que las objeciones de los especialistas se concentran en la evidencia de ingeniería y en las condiciones necesarias para convertir esos recursos en producción comercial. Los señalamientos citados plantean interrogantes metodológicas, pero no demuestran por sí solos que las cifras oficiales sean falsas o que el proceso incumpliera criterios técnicos internacionales.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
