Caracas.- Al menos 100 académicos, universitarios, políticos, técnicos, gremialistas y representantes de organizaciones no gubernamentales rechazaron el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez en un documento titulado “Manifiesto en Defensa del Patrimonio Estratégico de Venezuela”, publicado el 11 de octubre de 2026.
Un acuerdo que los firmantes consideran opaco
El grupo sostuvo que el convenio carece de transparencia y presenta “precariedad legal”, al punto de que —según su posición— pone en riesgo los recursos que consideran decisivos para el futuro del país.
En el texto, afirmaron que, tras varios análisis técnicos y jurídicos, la “arquitectura” del acuerdo funciona como un puente entre dos convenios que, a su juicio, se sostienen sobre irregularidades y resultan “gravemente” lesivos para Venezuela.
Los firmantes añadieron que Petróleos de Venezuela S.A. contrató la explotación de 65.000 millones de barriles de reserva en 17 campos a una empresa que, según el manifiesto, no tiene historial operativo ni capacidad técnica y financiera demostrada para manejarlos.
El manifiesto pide frenar la negociación
El documento también sostuvo que la estructura de capital de la firma ha pasado por transacciones opacas, entre ellas la transferencia gratuita del 35% de sus acciones a un ente dependiente del gobierno de Estados Unidos, mientras recibía licencias operacionales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la dependencia del Tesoro estadounidense conocida como OFAC.
Además, los firmantes acusaron a la negociación de instrumentalizar la crisis institucional de Venezuela y de favorecer intereses particulares por encima de la nación.
Pese a rechazar el acuerdo, el grupo dijo que la recuperación del país pasa por articular alianzas con Estados Unidos basadas en beneficios mutuos y transparencia, con flujos de inversión, tecnología y programas de cooperación para los servicios públicos, la educación, la salud y la ciencia.
Al final, exigieron la paralización inmediata del acuerdo y el restablecimiento de la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos y de las relaciones internacionales.
