Una bancada peruana impulsa una amnistía que alcanzaría al expresidente Pedro Castillo y a otros implicados en el intento del 7 de diciembre de 2022.
A casi cuatro años del intento fallido de quiebre institucional del 7 de diciembre de 2022, la bancada de Juntos por el Perú presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para conceder amnistía a Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.
La iniciativa lleva la firma de Catherin Palomino, vinculada a Castillo Terrones e investigada por la Comisión de Ética por haber pedido a trabajadores de su despacho que costearan tarjetas de presentación, cuadros y alimentos. Además, cuenta con el respaldo de otros 29 diputados de Juntos por el Perú, 14 del Partido Cívico Obras y César Holguín, de Ahora Nación, entre los coautores.
Dos amnistías y varias exclusiones
El proyecto contempla dos tipos de amnistía: una por los hechos relacionados con el mensaje del 7 de diciembre de 2022 y otra por actos vinculados a las protestas sociales. Sin embargo, excluye de ese beneficio los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
En el primer supuesto, la propuesta incluye a todas las personas que hayan intervenido en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso que Castillo emitió ese día.
El texto también señala que la amnistía comprende a quienes hayan intervenido en esos hechos “en cualquier grado de autoría o participación, y con independencia de su situación procesal”.
En el segundo supuesto, el beneficio abarcaría hechos ocurridos desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigor de la norma, siempre que se hayan producido en el contexto de protestas, movilizaciones, paros y otras acciones colectivas de naturaleza política y social desarrolladas durante la crisis de ese periodo.
Entre los delitos mencionados figuran disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, violencia y resistencia a la autoridad, daños, usurpación, extorsión, apología y organización o banda criminal, cuando la imputación se sustente en la convocatoria, organización, coordinación o financiamiento de las protestas con recursos lícitos.
Qué efectos tendría la ley
La propuesta establece que la amnistía extinguiría la acción penal o la pena, según corresponda, y ordenaría el archivo definitivo de los procesos. También dejaría sin efecto las medidas de coerción personal, así como las órdenes de ubicación y captura y las requisitorias nacionales e internacionales dictadas por esos hechos.
Según el documento, la resolución que aplique la amnistía declararía extinguida la acción penal o la pena, dispondría el archivo definitivo, el sobreseimiento o la conclusión de la ejecución, y anularía mandatos de detención, prisión preventiva y comparecencia con restricciones.
El principal beneficiado sería Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. También podría favorecer a Betssy Chávez, que enfrenta la misma condena y se encuentra en México, adonde llegó tras abandonar el Perú el 7 de agosto, luego de recibir un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Keiko Fujimori.
La amnistía además podría alcanzar a Aníbal Torres, entonces asesor 2 del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, y a Willy Huerta, quien era ministro del Interior durante los hechos del 7 de diciembre de 2022.
El constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que una amnistía de este tipo es una decisión política, pero advirtió que su aprobación enviaría un mal mensaje a la ciudadanía. A su juicio, Castillo intentó cerrar el Tribunal Constitucional, la fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
