Perú destina recursos para acelerar casos contra docentes
La medida financiará durante dos meses la incorporación de abogados en unidades educativas regionales. El ministerio reportó además 3.347 destituciones entre 2014 y julio de 2026.
El Ministerio de Educación de Perú destinará 670.364 soles a contratar durante los dos últimos meses de 2026 a 64 abogados especializados en procedimientos disciplinarios en unidades de gestión educativa local de distintos gobiernos regionales. Según anunció el viceministro de Gestión Institucional, Antonio Aleman Nakamine, el objetivo es agilizar los casos de docentes denunciados por presunta violencia sexual contra estudiantes.
La contratación busca acelerar expedientes atrasados
El ministerio indicó que los recursos se transferirán desde su presupuesto institucional a diversos gobiernos regionales y provendrán de recursos ordinarios. La medida se enmarca en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 32618, que modifica la Ley de Reforma Magisterial.
La asignación busca reforzar la capacidad de las unidades educativas para tramitar los expedientes, algunos de los cuales, según el ministerio, llevan años sin resolución. Aleman Nakamine sostuvo que se pretende acelerar su seguimiento, respetar los plazos y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
El viceministro atribuyó el acceso de personas actualmente denunciadas a un debilitamiento de los procesos de ingreso a la carrera docente durante los últimos 15 años. Esa explicación fue presentada como su afirmación; el anuncio no aportó datos que midan esa relación.
El ministerio reporta 3.347 destituciones desde 2014
De acuerdo con el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, entre 2014 y julio de 2026 se registraron 3.347 casos que terminaron con la destitución de docentes por hechos contra la libertad sexual. El ministerio precisó que la cifra corresponde a procedimientos concluidos con esa sanción y no incluye los expedientes que continúan en investigación.
Las comisiones disciplinarias de las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales de educación tramitan los casos y emiten las resoluciones. El ministerio, como ente rector, establece las normas, ofrece asistencia técnica y supervisa el avance de los procedimientos.
La separación preventiva de un docente investigado es provisional, no una sanción definitiva, y busca impedir el contacto con estudiantes mientras esté vigente. El ministerio señaló que desde 2024 utiliza un módulo para identificar a quienes tienen esa medida y generar alertas sobre sus expedientes.
Ante una denuncia, el ministerio recuerda que los directores escolares deben activar los protocolos de protección, informar a la Policía Nacional y al Ministerio Público, comunicar los hechos a las instancias competentes y garantizar atención y acompañamiento a la víctima.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
Preguntas frecuentes
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El Ministerio de Educación de Perú destinará 670.364 soles a contratar durante los dos últimos meses de 2026 a 64 abogados especializados en procedimientos disciplinarios en unidades de gestión educativa local de distintos gobiernos regionales.
¿Qué se sabe sobre «La contratación busca acelerar expedientes atrasados»?+
El ministerio indicó que los recursos se transferirán desde su presupuesto institucional a diversos gobiernos regionales y provendrán de recursos ordinarios. La medida se enmarca en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 32618, que modifica la Ley de Reforma Magisterial.
¿Qué se sabe sobre «El ministerio reporta 3.347 destituciones desde 2014»?+
De acuerdo con el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, entre 2014 y julio de 2026 se registraron 3.347 casos que terminaron con la destitución de docentes por hechos contra la libertad sexual. El ministerio precisó que la cifra corresponde a procedimientos concluidos con esa sanción y no incluye los expedientes que continúan en investigación.
