En el marco de la reciente sentencia del TSJ que ordena la realización de elecciones de autoridades en las universidades autónomas bajo el esquema del voto paritario establecido en la Ley Orgánica de Educación, en su Artículo 34, Numeral 3, se reabre el debate sobre la gobernanza en la universidades.
Uno de los aspectos del debate se refiere a qué se entiende por voto paritario, porque una cosa es la concepción en la cual cada persona es un voto, sea profesor, empleado, obrero o estudiante; y otra muy distinta es otorgar derecho de voto a todos pero manteniendo paridad entre los sectores independientemente del universo de votantes que reúna. Puestos a escoger, me decanto por la segunda interpretación en aras, justamente, de la paridad; sin embargo, para efectos de este artículo, supondremos que la paridad referida en la ley obedece a la primera interpretación, donde cada persona es un voto.
Son muchos los argumentos que se han esgrimido a favor y en contra de esta propuesta. Por un lado está la visión, para algunos elitista, de que los profesores no deben igualarse al resto de los miembros de la Universidad. Por otro lado, están los argumentos, más pragmáticos, relacionados con la desproporción numérica entre los colectivos participantes, 10 a 1 en el caso de estudiantes-profesores, y 2 a 1 en el caso de los trabajadores-profesores. Y finalmente están los que arguyen que la paridad en cualquiera de sus acepciones es beneficiosa porque supone, por defecto, una profundización de la democracia universitaria. Yo voy a agregar una visión alternativa para complejizar aún más el debate, y es el cuestionamiento del modelo de gobernanza universitario basado en el electoralismo, a imagen y semejanza del modelo de gobernanza que se da una sociedad. Sostengo que es falso que homologar la gobernanza de una institución con la gobernanza de una sociedad profundice la democracia interna, y sostengo además que en ese modelo radican tanto la anomia interna de las universidades, como las razones que nos han traído hasta este punto en el que se pretende, vía voto paritario, profundizar un modelo fallido y obsoleto de autogobierno universitario.
Antes de entrar en esta materia, debo aclarar algunos aspectos que desde mi óptica explican la lucha por el voto paritario en las universidades. Esta exigencia de larga data es una consecuencia de las perversiones derivadas del electoralismo como modelo de gobernanza universitario. El proceso de escogencia de las autoridades por la vía del sufragio se ha traducido en un oscuro juego electoral donde brillan por su ausencia los perfiles y programas, y pululan las componendas políticas, las maquinarias electorales, las presiones, los pases de facturas, la repartición de prebendas, el clientelismo, el amiguismo y el nepotismo, todos vicios ineludibles de los modelos electoralistas. El voto no es una expresión de participación democrática, sino un instrumento de repartición de poder y de acceso a los que concentran el poder y, en consecuencia, un instrumento de exclusión de aquellos sin derecho a votar o con menos peso en su voto. Es por ello que en el modelo electoral de una sociedad democrática, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho y el mismo peso en su voto, porque de lo contrario, se estaría condenando a los sectores con menor peso electoral a tener menor incidencia en la definición del poder, y por lo tanto, a tener menor importancia social de cara a los elegibles, como efectivamente ha ocurrido con colectivos menospreciados en su voto, como las mujeres y negros, en los momentos históricos en los que no tenían consagrado este derecho.
En este hilo de pensamiento, es fácil comprender que empleados, obreros y estudiantes, desde su óptica gremialista, no necesariamente institucionalista, interpreten la conquista del voto paritario como una reivindicación legítima y hasta progresista de cara a sus intereses como colectivo gremial.
Sin embargo, más allá del ejercicio de egoísmo grupal que suponen la mayoría de las luchas gremiales, sea el gremio que sea, lo que debe ser motivo de nuestra atención es si esta reforma contribuye al mejor funcionamiento de la Universidad, que debe ser el objetivo último y verdadero de cualquier reforma universitaria.
Sin duda, el ejercicio del voto por parte de sectores hasta ahora exentos del mismo produciría, en el corto plazo, una incertidumbre en los grupos de poder enquistados en la universidad. De allí su férrea resistencia a semejante propuesta. Sin embargo, nuevamente insisto, nuestra preocupación fundamental, más allá del circunstancial y deseable desbalance de poderes, debiera ser si esta reforma contribuiría a mejorar, a mediano y largo plazo, a la Universidad como institución.
El electoralismo universitario, concentrado en los profesores y con participación estudiantil en proporción minoritaria (25%), no ha contribuido al buen funcionamiento interno de las universidades. Las elecciones tienden a fragmentar la universidad en parcelas locales de poder que paraliza las instancias de decisión. Cada feudo exige sus prebendas a cambio del voto que administra y las negociaciones políticas por el voto allanan el camino para la flexibilización de las normas y el relajamiento de las exigencias académicas a los votantes. No logro imaginar cómo el voto paritario puede mejorar esta situación, sumando al negociado electoral nuevos sectores con intereses y apetencias de poder propios. Ya puedo imaginar la negociación, a expensas del voto, de convenciones colectivas impagables amparadas por la autonomía universitaria. Ni pensar en aquellos “dirigentes” estudiantiles que hoy controlan, gracias a su minoritaria participación electoral, ingentes recursos correspondientes a partidas de servicios para los estudiantes. Su voracidad crecería en la misma proporción en que aumente su capacidad para controlar votos.
La solución a la disfuncionalidad organizacional de las Universidades, desde mi punto de vista, no pasa por el voto y su universalización. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que la solución al problema de administración de justicia en Venezuela sea que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia fuese electo por todos los abogados, jueces, escabinos y secretarios de tribunales. Ello lejos de adecentar la administración de justicia, incrementaría el ruido y la entropía alrededor de las decisiones judiciales.
Una institución con una misión específica, académica en el caso de las Universidades, no puede heredar los mismos instrumentos de escogencia de autoridades que una sociedad. Esto es un error originario en el modelo de autogobierno universitario.
Una sociedad se basta a sí misma y su misión es una abstracción, la de proveer la mayor suma de felicidad y bienestar posible a todos sus ciudadanos sin distingo entre ellos. Visto así, habrán tantas formas de entender la misión como corrientes de pensamientos, algunas incluso antagónicas entre si, y todas ellas con idéntica validez de derecho. Esta igualdad consagrada entre los miembros de la sociedad, y por ende entre sus múltiples enfoques políticos, es lo que obliga a usar el electoralismo universal como instrumento de definición de la gobernanza de la sociedad, porque es el único mecanismo encontrado hasta ahora para legitimar la gobernabilidad por encima de la diversidad.
Ahora bien, no se puede extrapolar este esquema a una institución específica que si posee una misión taxativa y que no se basta a sí misma, sino que por el contrario se debe a la sociedad que la creó para un propósito específico. Es por ello que en una institución sus miembros no son, en el marco de la institución, individuos con iguales deberes y derechos, aún cuando lo siguen y seguirán siendo en el contexto de la sociedad. En el marco de la institución, los individuos tienen roles diferenciados y establecidos en función de la misión institucional, y ello los hace diferentes entre sí.
Si la extrapolación del modelo de gobernanza social al modelo de gobernanza institucional fuera lo adecuado, el sufragio universal como mecanismo de escogencia de autoridades fuera el denominador común en las fuerzas armadas, en las instituciones públicas y en consecuencia no podrían existir cadenas de mando, ni jerarquías que no derivaran de la voluntad popular de sus miembros expresada a través del voto en el seno de sus instituciones.
Considero más importante que el voto paritario la desconcentración de los poderes (ejecutivo, legislativo y disciplinario) a lo interno de la institución, actualmente concentrados en una única instancia, el Consejo Universitario. Démosle más responsabilidad a los órganos ejecutivos para que deban rendir cuenta de sus decisiones sin escudarse en sus respectivos Consejos (universitario, de facultad, de escuela). Mantengamos los Consejos como instancias esencialmente legislativas en el plano académico, y démosle competencias para auditar la gestión de sus órganos ejecutivos. Otorguemos a los empleados administrativos y obreros su propia estructura organizacional donde puedan hacer carrera y puedan ascender por sus propios méritos y competencias, evaluados por sus pares sin la desproporcionada injerencia de los docentes. Concentremos a los docentes en torno a las decisiones académicas y otorguemos a nuestros empleados la confianza para gestionar los aspectos administrativos de la institución. Si afinamos los roles y competencias de los diversos actores de la institución, quitaremos poder de exclusión al voto y, quizá, la participación paritaria de todos los sectores en las elecciones universitarias no será el centro del debate porque habremos eliminado de tajo la concentración de poder excesivo otorgado a través de ese mecanismo que engendra perversiones por su propia naturaleza.
Debemos establecer nuevas estrategias de selección de autoridades, no intentando imitar los mecanismos electorales de la sociedad, sino garantizando un mínimo de cohesión organizativa que permita el cabal cumplimiento de la misión universitaria ante una sociedad que se pretende cada día más solidaria, más justa y más equitativa.
