La deuda odiosa es un concepto de derecho internacional que considera nulas las deudas contraídas por gobiernos cuyo uso no sirve al interés general de la nación. Una deuda se considera odiosa cuando favorece a gobiernos autoritarios y dictatoriales que actúan de mala fe y perjudican a la población. En esos casos, el acreedor corre con las consecuencias porque lo hace en conocimiento de los daños y perjuicios que tal endeudamiento causa en la ciudadanía, ya sea porque los fondos son utilizados para reprimir protestas, comprar armas o gastarlos sin rendir cuentas. La deuda utilizada para esos fines se considera ilegítima y los pueblos pueden negarse a pagarla. Un caso reciente es el de Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa auditó la deuda externa y concluyó que buena parte fue contraída en términos desfavorables para el país. Ecuador desafió al FMI y al Banco Mundial y se negó a pagar 70% de la deuda.
Nos enteramos por la prensa internacional de que la Gerencia de Activos de Goldman Sachs le compró al BCV un bono de Pdvsa valorado en $2.800 millones por solo $850 millones. El bono se vendió a 30% de su valor nominal, pero al vencerse en 2022, Pdvsa tendrá que cancelar 100% de su valor, además de 6% de intereses anuales. Ese bono fue emitido en 2014 por Pdvsa para pagar el equivalente a una deuda en bolívares con el BCV. Su venta en esas condiciones no solo implica un grave daño patrimonial para el BCV -que perdió $1.935 millones en la operación-, sino que hará más pesada la deuda externa de Pdvsa.
Mientras el bono se contabilizó como un activo del BCV y una deuda de la compañía petrolera, eso no tenía mayor impacto en la posición financiera neta del sector público ni en la salida de divisas. Sin embargo, al salir el bono de las arcas públicas se origina un serio deterioro de la posición financiera del país. Al rematarlo con 70 % de descuento, lo que pudo compensarse internamente en bolívares, se transformó en $2.800 millones de deuda externa.
El remate de los bonos resulta una operación desesperada y dañina para el patrimonio nacional. Pan para hoy y hambre para mañana, ya que por $865 millones que recibe en 2017, Venezuela tendrá que pagar $2800 millones en 2022. Se trata del remate de un país que, además de la venta de los bonos de la deuda externa y de Petrocaribe con ruinosos descuentos, incluye el empeño de las reservas de oro y la entrega de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero a través de empresas mixtas cuyas condiciones la opinión pública desconoce.