El cierre de la frontera con Colombia, tanto por el estado Táchira como en el Zulia y sus respectivos estados de excepción, son decisiones convenientes para Venezuela. Era una decisión esperada desde hace mucho tiempo, en virtud del desangre de nuestra economía, mediante el contrabando de extracción de bienes y servicios producidos en Venezuela y materias primas importadas por el Estado venezolano. El paramilitarismo, guerrilla y bandolerismo.
La frontera con Colombia se hizo un lugar sin ley e irrespeto a la legalidad. Ahora bien, si eso es así, entonces eso significa que con las medidas tomadas por el predidente Maduro se acabarán la escasez de alimentos y las colas para comprar comida.
Para que tenga el efecto deseado, es necesario que los funcionarios militares y policiales sean hombres decentes y honestos, que no se dejen corromper por el dinero que implica esos delitos.
Por otra parte, ya se encuentra inoculado, en gran parte de la población, la cultura de la especulación por la especulación. Los bachaqueros y los especuladores deben ser castigados con todo el peso de la ley. También aquí se demanda funcionarios probos.
Hay que recordar que la base de generación de recursos para poder tener los bienes y servicios y las materias primas no producidas en Venezuela, provienen de las exportaciones petroleras. Las divisas entran por ese concepto y salen por el contrabando de extracción a Colombia. Con el petróleo y sus derivados se atendía más del 30% del consumo de gasolina y lubricantes de Colombia. ¿Que tal?
Llegó el momento de definir qué tipo de relaciones deben tener ambos países. Colombia debe asumir su responsabilidad en su territorio y con sus ciudadanos y Venezuela debe hacer lo mismo. En el diálogo y entendimiento ambos países encontrarán los mecanismos de convivencia.
Combatamos la especulación y el bachaqueo, las colas y la agresividad en contra de la mayoría de la población por parte de los especuladores, que hacen sus fechorías a la luz de la total impunidad.
El colmo de los colmos ha sido la manifestación generada por miles de colombianos vendedores de combustible venezolano en Cúcuta, donde aceptan, públicamente, que debe resolverse el problema porque ellos y sus familias viven de esa actividad, de la cual pagan sus impuestos al Estado colombiano. ¿Que tal?
El Gobernador del estado, máxima autoridad civil, debe asumir el liderazgo y la responsabilidad de evitar el desangre de nuestro pueblo. Debe implementar los mecanismos, junto a la Fuerza Armada, para corregir las situaciones irregulares e ilegales que se han enquistado en nuestra sociedad, donde el trabajo ilegal y fácil, se ha hecho cotidiano. Hay que estimular el trabajo productivo y estable para tener una sociedad libre de conductas nunca vista en nuestra población.