Para nadie es un secreto que para la reciente victoria electoral de la MUD fue mucho lo que se aportó desde las universidades autónomas, experimentales y privadas, cuyos rectores y rectoras constituyen la Asociación de Rectores Universitarios (Averu).
No podemos dejar de reconocer que ese respaldo fue producto también de la ausencia de una relación universidad-estado que debemos enmendar en esta hora de rectificaciones bolivarianas. Pero para asumir esa responsabilidad política con propiedad es necesario insistir en que rectificar y corregir exige mucho estudio, investigación y mucha humildad. Pero no puedo dejar de destacar es el efectivo liderazgo político que las autoridades de las universidades, antes mencionadas, lograron consolidar para contribuir con esa victoria electoral.
¿Cuál fue realmente el papel de las autoridades rectorales de la Averu y de la Fapuv en la victoria de la MUD? Su papel fue emprender y consolidar un proceso sostenido y coordinado para convencer a las comunidades universitarias, sin mucha dificultad, de que la culpa de la crisis universitaria era el cerco económico provocado por el Gobierno bolivariano que violaba la autonomía en un intento de intervenirla. Esa fue su prédica permanente y constante contra la revolución bolivariana que le dio a la autonomía universitaria su cualidad constitucional y canceló una inmensa deuda con los gremios universitarios, heredada de los gobiernos de la IV República. Pero la revolución bolivariana careció de la necesaria articulación con las instituciones universitarias para lograr que, como instituciones cuya misión es “la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para el beneficio espiritual y material de la Nación” (Art.109 de la Constitución), se hiciera efectiva su incorporación a la solución de nuestros problemas fundamentales, propósito político primordial que necesita una política de estado universitaria que construya todos los consensos posibles con las comunidades universitarias, dentro del mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación. Pero ese propósito político fundamental exige también que desde la propia universidad autónoma se asuma la crisis universitaria en su esencia.
Ya el discurso político de que esa crisis es solo presupuestaria y producto de un cerco es, no solo un argumento para la polarización política, sino que significa también evadir la responsabilidad que compete a los gobiernos universitarios de corregir todo lo que haya que corregir, rectificar todo lo que haya que rectificar y transformar todo lo que haya que transformar, para elevar la eficacia y eficiencia universitaria en el cumplimiento de su misión ¿Ignora la Averu que existen investigaciones y propuestas de lo que se debe hacer para transformar una estructura académica obsoleta que parcela el conocimiento científico, humanístico y tecnológico y estudios que proponen liberarla de una estructura administrativa excesivamente burocrática y costosísima? Mientras no asumamos la responsabilidad de emprender esa transformación desde el seno de las propias universidades, no habrá presupuesto que permita superar esa crisis. No habrá Asamblea Nacional ni ministerio ni CNU que la resuelva. Lo lamentable es que no tenemos ninguna señal de que nuestras autoridades rectorales de la Averu estén decididas a verle el verdadero rostro de esa crisis.