Tienen razón quienes afirman que Venezuela atraviesa la peor situación de toda su historia. Nunca antes la nación había sufrido tanto. Los problemas están sobre diagnosticados y nada indica que el régimen dirigido por Nicolás Maduro pueda retirarse por las buenas o, al menos, rectificar las línea pesimamente ejecutadas del socialismo del siglo XXI.
Los índices de pobreza extrema, el éxodo masivo calculado en algo más de cinco millones de compatriotas, la inseguridad de las personas y de los bienes, el cierre de las oportunidades para trabajar honestamente para las personas naturales y jurídicas, entre otros factores, nos han colocado en la cola de Latinoamérica y calificado como uno de los peores países del mundo.
Lo último y extremadamente grave ha sido la aprobación apresurada y casi que misteriosa de la “Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano”. Fue aprobada por una Constituyente ilegítima e inconstitucional. Es una puñalada trapera contra los principios y valores de la democracia y, más que eso, contra quienes más allá de toda consideración ideológica o partidista aspiran a vivir honesta y decentemente.
Juristas, constitucionalistas, académicos y sectores especializados en cada una de las ramas amenazadas por esta “ley”, la han analizado en detalle rechazándola sin dobleces. Tiene de positiva, eso sí, que le pone punto final a las medias tintas, a las indecisiones calculadas, a las maniobras abiertas o encubiertas para una convivencia imposible de aceptar a estas alturas.