Esta semana, con motivo del ¿asesinato? o ¿suicidio? del concejal Fernando Albán he recordado una novela que leí en los años sesenta “La hora veinticinco” de C. Virgil Gheorghiu. “En un mundo donde los ciudadanos tienden a ocupar el lugar de los hombres”. “Han nacido del cruzamiento del hombre con la maquina”. “En lugar de corazón tienen cronómetros”. —En los campos de concentración de los alemanes para los Judíos— ¿Qué respondes?—preguntó el carcelero. Moritz no respondió y sintió el primer golpe pegado en la planta de los pies. Apretó convulsivamente las piernas.
Siguió un segundo golpe. La planta de los pies no le hacía ya daño. Solo sufría su cerebro. Menudearon los golpes. Primero le repercutieron en el cerebro, luego en el pecho y finalmente dejó de sentirlos. Parecía que le asestaran cuchillazos en la planta de los pies. El dolor le ascendía por las piernas hasta alcanzarle los riñones. Perdió el dominio de su vejiga y su vientre. Los golpes siguieron sucediéndose sin interrupción. Comenzó a vomitar los alimentos que había ingerido. Iohann Moritz se dio cuenta de que la vida se escapaba por doquier.
Solo el espíritu seguía despierto. La sangre que tampoco podía soportar los golpes, surgió impetuosa por todas las puertas que halló abiertas. Abandonando el cuerpo por la nariz, las orejas, mezclada con la orina y transpirándole por los poros”. En la Alemania nazi la tortura era una política de estado. ¿Lo es en Venezuela?
En Venezuela, no hay nada más urgente que articular, con convicción y transparencia, una unitaria y convincente propuesta política, para hacerle frente a este gobierno totalitario, no democrático y violador sistemático de las más sensibles normas constitucionales, en el área de los derechos sociales y políticos. Transgrede la institucionalidad vigente y organiza los poderes públicos para ponerlos al servicio de los objetivos de una llamada revolución socialista. Perpetrada en un poder central y presidencial de corte tiránico y autócrata. Un gobierno sin control fiscal ni presupuestario, que ha hecho maniobras “semi legales” de precaria constitucionalidad para quitarle las funciones al poder legislativo de aprobar leyes y controlar la administración pública. Para esto se han valido de un sumiso poder judicial y de un Concejo Electoral, a la medida de sus intereses. Designan a su capricho la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría.