Las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, forzadas por el gobierno español para neutralizar el movimiento secesionista, pusieron el broche a un 2017 que, paradójicamente, volvió a colocar el conflicto territorial en la casilla de salida.
Luego de su innegable triunfo en una contienda promovida por el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, los líderes soberanistas se disponen a recuperar el control de la región, en una agudización de la mayor crisis política en casi cuatro décadas de democracia.
Impuestas por Rajoy para «restaurar la legalidad», tras la proclamación de una declaración unilateral de independencia, las elecciones concedieron a los separatistas la supremacía en el parlamento de la comunidad autónoma.
Aunque el más votado resultó el centroderechista Ciudadanos (Cs), las tres formaciones a favor de la ruptura con España -Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la Candidatura de Unidad Popular- revalidaron la mayoría absoluta en la cámara autonómica.
Defensores de que Cataluña permanezca en España, el triunfo de los liberales de Cs, sin embargo, les impide encabezar un gobierno, pues junto al llamado bloque constitucionalista -Partido Socialista (PSC) y Partido Popular (PP)- no superan a los independentistas. Contrario a la opinión mayoritaria de analistas y medios de comunicación, el presidente del Gobierno negó el fracaso de su estrategia para sofocar la resistencia del secesionismo en la próspera autonomía de 7,5 millones de habitantes.
Además, intentó minimizar el duro golpe sufrido en los comicios por su agrupación, el derechista PP, que apenas logró tres escaños en el nuevo parlamento catalán, frente a los 11 de la legislatura anterior, y se colocó en la última posición.
Según el mandatario, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mediante el cual asumió las riendas de Cataluña, cesó a sus autoridades ejecutivas y legislativas y llamó a las urnas, para nada repercutió en el hundimiento inmisericorde de los conservadores. No puse en marcha el 155 para ganar votos ni por intereses partidistas, lo hice para cumplir mi obligación como presidente, subrayó en alusión a la activación del polémico apartado, nunca antes utilizado desde la restauración democrática.
«El gobierno sigue adelante, las legislaturas son para cuatro años», enfatizó Rajoy, quien descartó un adelanto electoral en la nación ibérica ante el revés de su administración frente al diferendo territorial, que debilita su autoridad. Manifestó su voluntad de mantener un diálogo «dentro de la ley» con el futuro gobierno de Cataluña.
Puigdemont aseguró que los independentistas se habían ganado en los comicios el derecho a ser escuchados, luego de renovar su mayoría en la cámara regional y derrotar a la que denunció como la «monarquía del 155».