Escándalos silenciosos

En Venezuela existe la presunción de inocencia como derecho constitucional. Para que un venezolano sea acusado debe ser investigado. En eso estamos de acuerdo. En lo que no coincidimos es que en este país, casos tan preocupantes de corrupción o hasta de narcotráfico, no sean aclarados y queden para la especulación. Si algo le ha hecho daño a este país es la actitud indolente del Gobierno que ralla en acciones complacientes y de complicidad.  

Es inconcebible que la justicia venezolana se haga de la vista gorda ante una nueva denuncia internacional en contra de personas relacionadas con el Gobierno, inmersas en delitos que traspasan fronteras. Hablamos de las denuncias que implican a dos jóvenes venezolanos retenidos en Haití con posesión de una gran cantidad de narcóticos. El hecho es escandaloso, tanto por el silencio que asume el Gobierno nacional como por la osada repuesta de quienes, amparándose en la inmunidad que les torga su pasaporte diplomático, aseguran ser parte de la familia presidencial venezolana y solicitan un salvoconducto. 

Este Gobierno es irresponsable. Con éste y muchos otros temas tiene al país sumido en la desinformación. ¿Será que no está informado el Presidente de este caso que le ha dado la vuelta al mundo? Queremos saber: ¿Son o no familiares de la Primera Dama de la República? ¿Son embajadores, cónsules? ¿Cómo llegaron a tener pasaportes diplomáticos? Y si se trató de un procedimiento irregular, como quieren hacer ver ¿cómo es que el Gobierno venezolano no está protegiendo entonces a estos dos muchachos? Lo menos que puede hacer es investigar y rendirle cuenta al país, porque la excusa de que es un ataque del imperio, está agotada.

Solo durante el último año de mandato de Nicolás Maduro han pretendido denunciar cinco supuestos “ataques del imperio” que han pasado por debajo de la mesa. Los casos van desde la detención de una magistrada venezolana junto a solicitados por narcotráfico, hasta la investigación de varios altos funcionarios públicos por la sospecha de tráfico de cocaína y lavado de dinero. 

En cualquier país del mundo, el Parlamento debería ser el primer órgano en pronunciarse y exigir información al respecto. Pero en el nuestro, la mayoría de los diputados están subordinados al partido oficial en vez de ejercer sus funciones en beneficio del pueblo. Esto es lo que queremos cambiar.

Los venezolanos estamos cansados de ver cómo las desastrosas políticas gubernamentales y el descarado robo de los recursos por funcionarios de esta revolución, han provocado una crisis económica de proporciones gigantescas. Estamos cansados también de que a nivel internacional se abran investigaciones, se acuse a altos funcionarios venezolanos, se señale a quienes deberían ser ejemplo de país y que en nuestro territorio, tengamos una Asamblea cómplice de esta situación.

Venezuela es un gran país que no se merece este Gobierno. El pueblo lo sabe, el anhelo de cambio se siente en la calle y nosotros con nuestro trabajo seguiremos la lucha democrática para que esto no siga sucediendo. Para que el Parlamento sea un lugar de discusión de los temas que realmente le interesan a la gente y que sea un órgano que controle las acciones del Gobierno. Estamos convencidos de que el 6 de diciembre empieza el cambio. Lo bueno viene ya.