Ylich Carvajal Centeno / Periodista / Articulista / [email protected]

La “inepta acumulación de pretensiones” que la Fiscal General de la República apiló ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene como base la peregrina diferencia que habría entre “convocar” y la “iniciativa de convocatoria”, el ardid leguleyístico que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se inventó para declarar inconstitucional el llamado a Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que hizo el Presidente de la República. El artículo 347 dice que el pueblo puede convocar a ANC y el 348 que la “iniciativa de convocatoria” puede ser, entre otros mecanismos, del Presidente. Pero sólo la “iniciativa”, el “inicio” del proceso, pues, dice la MUD, debe luego consultar al pueblo a través de un referendo que, dicho sea de paso, no aparece en ninguna parte de la Constitución.  Esa falaz disyuntiva constitucional podría resolverse con ir al diccionario y constatar que el verbo “iniciar” no significa lo mismo que el sustantivo “iniciativa” y que éste último es sinónimo de “decisión”, o sea, doctorísimo, que el artículo 348 bien pudo ser redactado así: “la decisión de convocar…”. Pero para eso hace falta sentido común.  Si aún duda, pregúntese esta perogrullada ¿Quién es el pueblo al que se refiere el 347? El sentido común le dirá que somos nosotros todos, pero tratándose de la máxima ley de los venezolanos debería buscar la respuesta en el artículo 5 que dice “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” quien la ejerce de dos formas, directa e indirectamente mediante el voto a través de los Poderes Públicos. Desde esta perspectiva constitucional el concepto de pueblo se nos amplia y diversifica. ¿Vos habéis visto series de televisión policíacas gringas? ¿Habéis notado cómo empiezan los juicios? Un alguacil dice: “caso número tal, el pueblo contra fulanito”. Allí el pueblo no son los nosecuantos millones de habitantes que tienen los Estados Unidos sino el fiscal y aquí es que surge la verdadera disyuntiva: que el presidente Nicolás Maduro hizo uso de la democracia representativa y no de la participativa y aunque eso no hace inconstitucional su decisión le crea una tensión política, incluso, con algunos de sus correligionarios. El discurso del chavismo se ha centrado en la democracia participativa y de hecho mucho se ha avanzado en esa dirección, pero la democracia representativa está activa, no sólo para el Presidente. La Fiscal, el Contralor, el Defensor, los jueces del TSJ, incluso, los diputados de la AN, aun en desacato, tienen inmunidad parlamentaria porque representan al pueblo, gústenos o no. Es más, cuando la MUD pide elecciones generales, aunque lo hace en nombre de la participación, lo que realmente está pidiendo es representación: el voto es el mecanismo exclusivo de la democracia representativa. La participativa tiene múltiples mecanismos.  De tal forma que el problema para Maduro es más grave de lo que dice la MUD. No es constitucional, es político: una parte del país, incluso, una parte del chavismo, considera que aunque podía convocar a través de la representativa debió hacerlo a través de la participativa. Pero en ese supuesto, no sería el mentado referendo inventado por la MUD, sino la firma del 15% del Registro Electoral (RE).  El reto para el Gobierno está en sumar a todos los venezolanos que quieran diálogo, paz y recuperación económica con garantías. Para eso necesita un discurso de mayor amplitud, reconocer, incluso, a quienes le adversan, dar muestra de estar dispuesto a debatir todo lo debatible y a cambiar todo lo cambiable que, según Fidel, es la actitud revolucionaria misma, y que, según Chávez, es el necesario Golpe de timón: convencer, sin imponer, con base al interés superior de lo nuestro venezolano. Una baja participación popular el 30 de julio haría legal la ANC pero con plomos de ilegitimidad en las alas. Si por el contrario la participación está en los parámetros de las pasadas elecciones, en el comportamiento electoral histórico de los venezolanos, no sólo sería legal, constitucional, sino que habría superado esta aparente disyuntiva de si Maduro podía o no convocarla. Al final, el pueblo es quien tiene la última palabra.