Quienes trabajamos en la ciudad de Maracaibo cada mañana debemos transitar el calvario del “transporte público”. De vez en cuando escuchamos a voceros del gobierno municipal, regional o nacional hacer un anuncio, cuyo impacto no se expresa en la realidad cotidiana. En algún momento fue un asunto local, hoy basta viajar a cualquier ciudad de Venezuela para constatar que los patrones de funcionamiento del “transporte público” son nacionales.
Conviene insistir en el tema, porque no nos podemos quedar callados frente a la profundización de la problemática de la movilidad en la ciudad y menos podemos resignarnos a ser transportados cada día con menos dignidad y seguridad.
En el derecho se afirma que lo que abunda no perjudica, así que corro el riesgo de describir una realidad de seguro muy conocida y sobre todo vivida por los lectores de esta nota. Primero: cada día las tarifas suben, en esta ciudad un trabajador o trabajadora, esta pagando mas de la mitad de un salario básico en pasajes, haciendo un solo tramo ida y vuelta.
Segundo: cada vez mas son los testimonios de accidentes, dadas las condiciones en la cuales somos transportados, puesto que las unidades no son las adecuadas (camiones, volteos, chirrincheras, entre otros).
Tercero: escasas rutas formales están operando, la mayoría de sus voceros afirman que no les es posible mantener las unidades. Cuarto: existe un desmantelamiento progresivo de las rutas de autobuses de TransMaracaibo, ya son pocas las que están funcionando. Quinto: las alcaldías que son las responsables de esta materia están ausentes y silentes. En suma, es inexistente el transporte público como enfoque, lo que está operando son particulares sin ninguna relación del Estado y sin responsabilidad con los usuarios.
Esta realidad es objeto constante de debate social, mas no la base para la articulación en función de demandar el diseño y la implementación de una política publica que aborde la movilidad de las personas en ciudad. Los alcaldes, el gobernador, ni su gabinete van a su trabajo arriesgando la vida, como nosotros, los de a pie.
Así que solo nosotros podemos y debemos exigirle acciones coherentes y sustentables al respecto. Esta exigencia solo el viable si existe un sector de la sociedad organizado para tal fin, es iluso y peor aún irresponsable, pensar que habrá un vehículo particular para cada uno en el futuro.
Una política publica para la movilidad de las personas en las ciudades venezolanas debe partir de las particularidades de cada una y deberían promover la instauración de un sistema público de transporte; la contraloría y participación social en el diseño, implementación y evaluación de la política pública; si se vuelve al sistema de concesiones, garantizar el cumplimiento de las condiciones por parte de los prestadores de servicios; control efectivo de las tarifas; el desarrollo de corredores que permitan caminar distancias cortas de manera segura y mejora de la infraestructura vial y la cadena de suministros para el mantenimiento del parque automotor.
