Sin dudas, éste es el Gobierno de los escándalos nacionales e internacionales. Se suceden uno tras otro sin que los hayan podido contener. En el período adecocopeyano también los hubo, pero mucho menos numerosos y menos espectaculares. Entre los últimos está el caso del fiscal Nieves, responsable de la acusación contra el líder opositor Leopoldo López. Las revelaciones de Nieves no son para solo decir que le pagaron 850 mil dólares, ni que ya fue destituido ni mucho menos señalarle una serie de lacras conductuales, pues todo ello lo que demuestra es que nuestro sistema de justicia está podrido y la responsabilidad es, en primer lugar, del Gobierno nacional.
El problema no es solo el fiscal Nieves, pues casos como éste no pueden prevenirse totalmente, ya que “se ven hasta en las mejores familias”. La cuestión es que antes de este caso hubo varios otros: el del exmagistrado del TSJ, Luis Velásquez Alvaray, en 2006; el del expresidente de la Sala Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte, en 2012 y, ahora, el del exfiscal 41 Franklin Nieves (octubre pasado), todos denunciando la existencia de un Poder Judicial viciado, sometido a los mandatos del Ejecutivo, intervenido por bandas de cuello blanco y por el narcotráfico y utilizado por el Ejecutivo para procesar judicialmente a líderes y activistas opositores al régimen.
No ha terminado de ocurrir el caso del fiscal Nieves y revienta otro escándalo, esta vez involucrando a la Fuerza Armada Nacional y a la gobernación del Guárico con el crimen organizado.
Se denuncia que el secretario de Seguridad Ciudadana del Guárico, general de brigada Richard James de Sancho, quien también era director de Contrainteligencia Militar, fue la persona que le informó al delincuente José Colina, alias “El Picure”, jefe de una de las mega bandas de la región, que se estaba organizando un operativo para su captura. El general es apartado de sus cargos aceptándole sus renuncias sin que se le levantase una investigación judicial por el delito cometido.