Este gobierno convertido en dictadura no está dispuesto a ceder un ápice en el daño que le hace a Venezuela con la única finalidad de mantenerse en el poder. Gracias a Dios y a la ciudadanía no las tiene todas consigo. Perdió lo más importante que puede tener cualquier grupo en el ejercicio gubernamental: el apoyo popular.
Perdió la confianza de una mayoría que hoy se une a quienes nunca creímos en ese proyecto de destrucción, para juntos sumar un profundo, amplio y decidido rechazo a su permanencia en el poder. Perdió la cohesión interna y hoy comienzan a oírse voces disidentes endógenas. Pero además, perdió credibilidad en el concierto de naciones. Hoy la comunidad internacional tiene muy claro el talante tiránico de quienes se han envilecido en estos 18 años de desgobierno..
Los métodos que utiliza esta gente para amedrentar, generar miedo y silenciar a la dirigencia opositora, crecen cada día en premeditación y alevosía. Ya hemos denunciado, con la convicción de haberlo vivido en diez dirigentes cercanos y con la referencia cierta de todo el país, la utilización del método de la siembra de armas, municiones, artefactos explosivos, en carros y casas, con el único fin de abrir causas judiciales sustentadas en la mentira y en el irrespeto a la dignidad humana. Obligan a transeúntes a declarar como testigos y montan ollas de manera burda y primitiva.
A esta práctica deleznable se une ahora la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. No es necesario transcribir los artículos de la Constitución, de la ley y de los convenios internacionales que defienden la integridad física, psíquica y moral del ser humano, que penalizan a los funcionarios públicos que infieran maltratos físicos o mentales a cualquier persona y que niegan cualquier valor probatorio a confesiones o informaciones obtenidas mediante estos tratos. Eso está muy claro en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
