Con Juan Manuel Santos apuntalando los últimos 12 meses que le quedan como jefe del Ejecutivo tras siete años en dicho cargo, comienza este último periodo con indiscutibles avances en materia de pacificación: las FARC-EP en proceso de dejación y el ELN en proceso de negociación.
Sin embargo, no todo son logros. Por el contrario, persisten muchos retos que sirven para configurar el escenario de demandas de los detractores del oficialismo. A pesar de los avances en materia de pacificación con los principales grupos armados no estatales, persisten deficiencias en materia de implementación de los Acuerdos de Paz, las cuales han generado críticas desde las FARC-EP, por la incapacidad e inoperancia del Gobierno a la hora de garantizar las condiciones mínimas de la reincorporación de sus integrantes.
El territorio se ha visto afectado, además, por un fuerte incremento de los cultivos (de uso) ilícito, tal y como señala UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), lo cual refleja un escaso impacto de los programas de sustitución implementados por el gobierno en el marco de los acuerdos.
Además, al escenario de desaceleración económica con fuerte impacto en la ciudadanía, ante la falta de políticas públicas orientadas a la equidad social- se suma el más grande lastre de su administración relativo a los casos de corrupción que la misma arrastra y que impactan de manera directa a sus más cercanos allegados.