No se avanzará hacia el empoderamiento local y la democracia participativa desde las bases populares, sin que se propicie un vigoroso desarrollo autonómico de los municipios.
En Venezuela, el crecimiento de las fuerzas afines al proyecto bolivariano en el ámbito municipal ha venido acrecentándose con el paso de los años. De 335 municipios que integran la República, en casi la totalidad, ha habido o existe un gobierno chavista. En las elecciones de 2000, la revolución obtuvo 114 alcaldías (34% del total); en el 2004 sumó 226 alcaldías (68% del total); en 2008, 265 alcaldías es decir el (81%); 256 alcaldías en 2013 (76%), y finalmente en 2017, (92%) al ganar 308 alcaldías.
Este panorama supone un significativo desafío: lo bueno o lo malo que acontece en los municipios, es en gran medida, responsabilidad directa de la dirigencia local que los gobierna y como tal, el proyecto político que representan está en evaluación permanente.
El presente análisis busca avivar el debate respecto al rol que han desempeñado y vienen desarrollando las alcaldías en la “mayoría de edad” de la Quinta República. No cabe duda de que, en lo atinente al poder local, pilar de la democracia popular, importantes avances se han registrado en estos años, pero también estancamientos, desviaciones y omisiones.
La madurez de la democracia participativa y protagónica pasa por la verificación del ciclo vital del poder popular: conciencia ciudadana, organización de base, movilización popular, gestión del desarrollo local, y contraloría social.
Los diversos instrumentos políticos que deben facilitar la transición hacia la democracia directa no han posibilitado tales desarrollos. De allí que sea preciso promover un movimiento nacional por el reimpulso de una gestión eficiente en las alcaldías y la vinculación de éstas con el poder popular organizado. Para ello, como punto de partida, se realiza a continuación una revisión crítica del desempeño municipal:
Perviven prácticas del pasado en los gobiernos municipales
En un amplio número de casos, la gestión pública municipal es ineficiente, lo que se traduce en baja capacidad de respuesta a las necesidades sociales en el marco de sus competencias. Casi todas las autoridades municipales buscan refugio en el argumento de la insuficiencia presupuestaria, trasladando la responsabilidad al gobierno central.
Esta debilidad ha venido socavando los apoyos y simpatías, y tiende a aumentar las frustraciones de la población con respecto a la eficiencia del proceso revolucionario, expresándose en apatía, poca movilización y escasa participación de la población en los asuntos públicos.
En contraste se puede revisar la experiencia local de gobiernos progresistas en Latinoamérica, donde la gestión municipal se convirtió en referencia y plataforma política para impulsar un nuevo modo de gobernar, involucrando decididamente a la población en la gestión, llenándola de contenido social y transformador; en Venezuela se arrastra en la gestión municipal una suerte de inercia impregnada de la vieja forma de hacer política, sin involucrar a los sectores populares en las decisiones, direccionando los presupuestos desde la perspectiva e intereses de las autoridades electas, sin dar respuesta eficaz y oportuna, a las carencias de la población, con una gestión poco transparente que no rinde cuenta a la ciudadanía a la que sirve.
Son escasas las situaciones en las cuales por voluntad de alcaldes y el acompañamiento de los Concejos Municipales, se haya avanzado en una gestión verdaderamente transformadora en el ámbito local, integrando al poder popular, con nuevos significados y contenidos programáticos.
Se ha dado poca importancia al municipio como ámbito para una gestión pública alternativa
Luego del proceso de descentralización política[1] iniciado en 1989, el municipio no ha logrado alcanzar un papel preponderante en el devenir nacional, situación que obedece, entre otras razones, a sus debilidades estructurales desde el punto de vista institucional y financiero.
A pesar del poco peso del municipio en el gasto público nacional, el cual alcanza un porcentaje que gira alrededor del 5% del PIB nacional, este nivel de gobierno es vital para la prestación de determinados servicios locales que afectan directamente la calidad de vida de la población.
A las autoridades municipales el ciudadano de a pie los puede mirar a los ojos. Es decir, las alcaldías constituyen la instancia de gobierno más cercana a la gente y, dicho sea de paso, son responsables directos de buena parte de la gestión pública que auspicia el deterioro o mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.
Aún con sus limitaciones, dada su cercanía a la población, el municipio debe ser considerado como espacio de gobierno con alto potencial para promover el desarrollo local sustentable, basado en la realidad y potencialidades productivas de cada localidad.
No se ha puesto en funciones el marco regulatorio
Desde la adopción de la nueva Constitución de la República, pasando por diversas leyes y reglamentos que dan cuerpo jurídico a la democracia participativa y relevancia al municipio, como ámbito articulador del poder popular, pocos han sido los avances respecto de la implementación de tales marcos regulatorios.
En la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), se reiteran y amplían las potestades del municipio como espacio para la realización de prácticas transformadoras de gobierno. Repasemos qué no se ha hecho:
El artículo 112 señala a los Consejos Comunales como instancias integradas al Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), que han de servir de centro principal para la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas locales.
El artículo 116 faculta al alcalde o alcaldesa, en condición de presidente o presidenta del CLPP, a promover la conformación de los consejos comunales en cada una de las comunidades del municipio.
