La alta tensión en la que ha transcurrido la pugna por el poder político en el país ha conducido a una suerte de desenlace en el que se ha constituido un nuevo poder. Es, por supuesto, un proceso, pero los elementos esenciales ya se han expresado y comienza a verse una nueva institucionalidad y una nueva legalidad, que prolonga y se combina con las formas anteriores.
Hasta ahora, ningún sector disponía de los elementos suficientes de lo que se considera una hegemonía, es decir ni de una auténtica capacidad coercitiva, ni de domino de los engranajes del poder ni de un consentimiento sólido. En el transcurso de 2017 esto ha basculado, en una medida significativa, a favor del sector gubernamental.
Al intentar la oposición ascender al poder por medio de una estrategia de derrocamiento y al no alcanzar su objetivo, la balanza se inclinó hacia el Gobierno en varios planos. Uno de ellos, el militar, puesto que quienes estaban comprometidos con la insurgencia fueron vencidos, los indecisos neutralizados y el estamento militar como conjunto se acopló con menos vacilaciones al eje político dirigente del país.
Los acontecimientos de abril a julio también tuvieron un impacto en el estado de ánimo de la población que ha venido sufragando por la oposición, pues se generó desconcierto y desconfianza en la dirección y esto se tradujo en una inclinación de amplios sectores a no participar en nuevos eventos políticos, como concentraciones de calle o consultas electorales. En ese clima se celebraron las elecciones de gobernadores.