Que una economía disfuncional como la venezolana, afectada por la hiperinflación, la depresión, el desorden fiscal, la corrupción y el declive del modelo capitalista rentístico-dependiente, requiera de un ajuste para su estabilización y relanzamiento, se corresponde con una racionalidad básica.
Las divergencias surgen cuando hay que definir quién paga los costos del mismo. Si serán los que viven de su trabajo o los que detentan el capital.
Según algunos expertos, para viabilizar el ajuste se necesitaría al menos 60.000 millones de dólares, pero en un escenario de 700 empresas estatales quebradas, de colapso de la producción petrolera e industrias básicas, de una grave crisis de los servicios de electricidad, agua, comunicaciones y transporte cuya recuperación requiere de grandes inversiones ¿De dónde saldrán los recursos?
El Arco Minero del Orinoco, las zonas estratégicas de desarrollo nacional, la flexibilización del control estatal de la industria petrolera, la renuncia a la soberanía de jurisdicción, la hipoteca de las reservas petroleras y mineras, hacen parte de un programa ampliado de apertura económica neoliberal, aunque administrado al detal, con entrega incluida al capital transnacional de las reservas petroleras y mineras. El financiamiento proviene de la liquidación del patrimonio económico y natural intergeneracional de la Nación, de la sobreexplotación del trabajo y destrucción por el extractivismo de los ecosistemas que sustentan la vida.
