Venezuela sufre de un desprecio a la constitucionalidad con precedentes. No es primera vez que un gobernante viola de manera grosera nuestra Constitución. No es primera vez que se intenta modificar o subvertir la Carta Magna con el único objetivo de perpetuarse en el poder, lo cual ya es bastante malo, sin contar con apoyo popular, lo cual es muchísimo peor. La Constitución vigente tiene varias disposiciones que debemos recordar si queremos defenderla a plenitud. Basta que leamos el preámbulo y el Titulo I, conformado por nueve artículos, en los que se contienen los principios fundamentales de nuestro documento fundamental. Allí queda en evidencia que ni Maduro ni quienes lo acompañan en la acción de destruir este país, respetan uno solo de los principios que allí se propugnan.
La gran mayoría de los venezolanos estamos claros en las intenciones hegemónicas y totalitarias de quienes sabiendo que han perdido el apoyo popular han decidido arrebatar al pueblo su soberanía y destruir las instituciones, generando esta gran crisis de gobernabilidad que ha sometido a los ciudadanos a tener que calarnos a un gobierno ineficiente, corrupto y dictatorial.
Los votantes nos hemos manifestado con el triunfo de la Unidad Democrática en las elecciones de la Asamblea Nacional. Tanto la Asamblea como otras instituciones, especialmente la Fiscalía General de la República y los mismos ciudadanos hemos acudido a los diversos poderes públicos para que se activen en la defensa de la Constitución y de los derechos ciudadanos. Ni el ejecutivo, ni el judicial, ni el electoral, ni parte del ciudadano encarnado en el Defensor del Pueblo, han respondido al clamor popular. Por el contrario, se han convertido en tontos -ellos se creen vivos- útiles del presidente devenido a dictador, en su esfuerzo por arrasar con toda la institucionalidad de nuestra patria.
Nos toca entonces hacer uso de nuestro derecho ciudadano. “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.” Así queda claramente establecido en el artículo 138 de nuestra Constitución. Y el siguiente tiene la misma contundencia: El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley.
