El doblete sísmico que sacudió el norte de Venezuela hace un mes no solo dejó miles de víctimas y daños en viviendas e infraestructura. También puso en evidencia que la legislación laboral no tiene herramientas suficientes para responder a una emergencia de esa magnitud.

Así lo planteó Jacqueline Richter, directora general del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, quien sostuvo que el marco vigente fue pensado para escenarios ordinarios y resulta limitado cuando una catástrofe natural paraliza la actividad económica y deja a miles de personas sin posibilidad de trabajar.

La fuerza mayor no cubre una tragedia de esta escala

Richter explicó que la Ley Orgánica del Trabajo contempla la suspensión de la relación laboral por causa de fuerza mayor. Esa figura libera temporalmente al trabajador de prestar servicios y al empleador de pagar salarios mientras dure la interrupción.

Sin embargo, advirtió que esa disposición fue diseñada para eventos transitorios y no para una situación en la que miles de personas quedan al mismo tiempo sin posibilidad de reincorporarse a sus puestos.

“Nos encontramos frente a un vacío de las obligaciones estatales en torno a la relación de trabajo”, señaló.

A su juicio, la magnitud del desastre obliga a replantear el papel del Estado como garante de protección social en circunstancias excepcionales.

Ayudas directas y protección del salario real

La directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical sostuvo que la respuesta no debe recaer solo sobre empresas y trabajadores. Planteó que el Ejecutivo active mecanismos de asistencia económica para las personas afectadas por los terremotos, en especial quienes permanecen en refugios o perdieron sus viviendas y medios de subsistencia.

“El Estado tiene una obligación con su ciudadano que está viviendo una situación de desamparo y de desprotección por un evento natural”, afirmó.

Richter también recordó que los trabajadores pueden negarse a prestar servicios si las instalaciones representan un riesgo para su seguridad. Señaló que, aunque normalmente corresponde al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales verificar las condiciones de los centros de trabajo, tras los terremotos esas evaluaciones las están haciendo Protección Civil y los cuerpos de bomberos.

Si una inspección determina que una infraestructura no reúne condiciones para operar, el empleador no puede exigir el regreso del personal, indicó.

Otra preocupación, añadió, es el impacto de la emergencia sobre los ingresos. Aunque muchas empresas han mantenido el pago del salario base, recordó que buena parte de los ingresos de los venezolanos proviene hoy de bonificaciones asociadas a la prestación efectiva del servicio.

“El salario no equivale ni al 10% del ingreso total de un trabajador; el resto puede llegar a 300 o 400 dólares mediante bonos que exigen la prestación del servicio”, explicó.

En ese escenario, muchas personas podrían ver reducidos sus ingresos aun cuando mantengan formalmente su vínculo laboral.

Una crisis que exige respuestas nuevas

Para Richter, los terremotos muestran que la legislación laboral venezolana necesita instrumentos específicos para responder a desastres naturales de gran escala.

Además de la reconstrucción física del país, dijo, la emergencia deja el reto de fortalecer la capacidad institucional para proteger a los trabajadores cuando circunstancias extraordinarias interrumpen la actividad económica y colocan a miles de familias en situación de vulnerabilidad.