Claves
- —La reposición de viviendas dañadas en la línea costera de La Guaira costaría un mínimo de US$ 2.370,6 millones.
- —El monto equivale entre el 2% y 3% del Producto Interno Bruto del país.
Levantar la infraestructura habitacional afectada en la línea costera de La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 del 24 de junio, requeriría al menos US$ 2.370,6 millones, una suma que equivale entre 2% y 3% del Producto Interno Bruto del país. El cálculo aparece en un documento de ANOVA Policy Research que estimó las pérdidas a partir de referencias georreferenciadas.
El costo excluye daños en servicios y actividad económica
La estimación incluye únicamente la infraestructura residencial. No incorpora los daños sobre la infraestructura pública ni sobre las redes de servicios, tampoco el stock comercial e industrial ni las pérdidas por actividad económica.
El informe señala que el grueso del costo está concentrado en las categorías de mayor severidad: las estructuras con daño severo y con daño estructural o colapso suman US$ 1.591,7 millones, equivalente al 67,1% del total, aunque representan poco más de la mitad de las estructuras dañadas.
Para llegar a esa cifra, el cálculo partió de la base de volúmenes habitacionales dañados. Los costos unitarios de construcción se apoyaron en el modelo de inventario residencial para América del Sur de Yepes-Estrada et al. (2017), publicado en Earthquake Spectra, ajustado por inflación en dólares corrientes.
Además, el estudio aplicó un factor de hasta 30% sobre el costo de reposición de la superficie residencial para contabilizar pasillos, halls de entrada, áreas comunes y sociales, piscinas, ascensores y estacionamientos, elementos propios de la tipología multifamiliar de la zona.
Catia la Mar y Caraballeda concentran el daño más fuerte
La investigación, que combinó evaluación de daños con inteligencia artificial sobre imágenes satelitales de Microsoft y el modelo demográfico-poblacional de ANOVA, concluyó que la destrucción se concentró de manera desproporcionada en la franja costera del estado La Guaira.
Entre los factores asociados a esa vulnerabilidad figuran la antigüedad del stock edificado y las deficiencias históricas en la aplicación y fiscalización de la norma sismorresistente venezolana. El informe también menciona tipologías estructurales de alta vulnerabilidad sísmica, como edificios de planta baja libre o pisos blandos, además de suelos blandos y efectos de licuación sísmica microzonificados.
El estudio calcula que 73.524 personas residían en estructuras habitacionales que sufrieron algún nivel de daño observable. De ellas, 37.611 vivían en viviendas con daño severo, estructural o colapso, el grupo con mayor probabilidad de requerir soluciones habitacionales transitorias o permanentes.
La distribución territorial fue desigual. En Catia la Mar, la parroquia más poblada de la franja costera, se concentra la mitad de la población afectada: 37.115 personas, equivalente al 30,6% de los habitantes de la zona. En Caraballeda, 4.415 personas, o 41% del total de esa zona, residían en estructuras colapsadas o con daño estructural.
En contraste, Maiquetía y La Guaira muestran incidencias menores, con 2,9% y 4,8% de población afectada, respectivamente.
El análisis también registra 38.798 estructuras habitacionales identificadas en la franja costera, de las cuales 4.958 presentan algún nivel de daño observable. Dentro de ese grupo, 1.948 tienen daño severo y 706 daño estructural o colapso, para un total de 2.654 estructuras, equivalente al 6,8% del stock total.
Catia la Mar acumula 3.449 de las 4.958 estructuras dañadas, cerca de 7 de cada 10, incluidas 528 de las 706 estructuras colapsadas o con daño estructural.
La reconstrucción exige financiamiento y un censo público
El estudio recomienda planificar la política habitacional posdesastre para un universo de alrededor de 37.600 personas en estructuras con daño severo, estructural o colapso, junto con 35.900 personas que viven en viviendas con daño leve, moderado o intermedio.
También plantea que la concentración del daño en Catia la Mar y la severidad de Caraballeda obligan a respuestas territorialmente diferenciadas, tomando en cuenta la heterogeneidad de tipologías y escalas de daño entre parroquias.
En la red X, Omar Zambrano, director de ANOVA, sostuvo que, con un espacio fiscal inexistente y sin acceso a mercados de capital, la movilización de financiamiento multilateral será condición necesaria para la reconstrucción.
El análisis concluye que la reconstrucción de la línea costera de La Guaira también puede ser una oportunidad para actualizar y hacer cumplir la norma sísmica, auditar estructuralmente el stock sobreviviente y levantar un censo público de edificaciones y daños que permita calcular el riesgo futuro.
