Los últimos movimientos telúricos que han sacudido el país han puesto de nuevo en el centro de la atención la gestión de riesgos y la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad. El análisis de la situación operativa en Venezuela revela brechas críticas que, si se abordan, pueden salvar vidas en futuras catástrofes.
El vecino como primer respondedor
Según la normativa de Insarag, el primer actor en una emergencia es el ciudadano que se encuentre en el lugar. Cuando un edificio colapsa y las vías de acceso se bloquean o las comunicaciones se interrumpen, la acción inmediata de un vecino puede prevenir lesiones graves y facilitar la evacuación de personas atrapadas. Este principio subraya la necesidad de que la población reciba capacitación básica en primeros auxilios y en la identificación de riesgos estructurales.
Comunicación: un cuello de botella crítico
En el caso de la última sismicidad, la información se retrasó por fallas en la infraestructura de telecomunicaciones. La fibra óptica se dañó, la conectividad a Internet se vio comprometida y las redes satelitales, como Starlink, sufrieron lentitud cuando múltiples usuarios intentaron acceder simultáneamente. La falta de un canal de información fluido entre la comunidad y los equipos de respuesta ralentizó la movilización de paramédicos y bomberos, evidenciando la urgencia de sistemas de comunicación redundantes.
Equipos y tecnología insuficientes
Venezuela cuenta con equipos de Urbanic Search and Rescue (USAR) que operan bajo el estándar BREC, un lenguaje universal de señales que facilita la coordinación internacional. No obstante, la carencia de herramientas especializadas, como geófonos, boroscopios, radios de frecuencia aérea y drones de vuelo FPV, limita la capacidad de los rescatistas para operar dentro de estructuras colapsadas sin poner en riesgo vidas humanas. La renovación de vehículos y la adquisición de equipos modernos son imperativas para cumplir con los protocolos de rescate de nivel 5, donde se confirma la ausencia de vida.
