Tras el terremoto del 24 de junio, el Mincyt ha iniciado un operativo técnico en La Guaira y en varias zonas de Caracas para evaluar la habitabilidad de las construcciones afectadas.
Primeros hallazgos
La inspección se basa en un sistema de semaforización internacional para emergencias sísmicas. Cada edificio recibe una etiqueta que indica su condición inmediata: verde, amarillo o rojo.
La etiqueta verde certifica que la edificación se comportó de manera adecuada y es plenamente habitable. La amarilla impone una restricción parcial y exige una segunda revisión especializada. La roja prohíbe el ingreso y requiere un análisis exhaustivo para decidir su reparación o demolición.
Hasta la fecha, el Mincyt ha evaluado directamente 722 estructuras, de las cuales más del 70 % (en algunos sectores alcanzando el 80 %) se clasificaron como seguras.
Elementos clave
El protocolo exige que los ingenieros inspeccionen al menos el 70 % de los elementos estructurales de cada edificación, revisando vigas, columnas y muros de corte. Cuando se detectan dudas sobre la integridad de los elementos de carga, el inmueble se remite a una fase de evaluación avanzada con ingenieros patólogos y calculistas estructurales.
Innovación tecnológica
El operativo cuenta con cerca de 60 ingenieros distribuidos en cuadrillas de campo y personal de soporte científico‑tecnológico. Una de las innovaciones clave es la plataforma digital que permite registrar la información de las inspecciones en tiempo real desde dispositivos móviles, garantizando la disponibilidad inmediata de los datos para la toma de decisiones gubernamentales.
El Mincyt también mantiene presencia activa en las parroquias más vulnerables de Caracas, como San Bernardino, donde el sismo provocó el colapso de tres edificaciones. El objetivo de la comisión presidencial es evaluar cerca de 10 000 edificios en todo el territorio afectado.
Revisión especializada
El presidente del Cenvih, Ramón Guevara, destaca que la prioridad es asegurar que las estructuras no representen riesgo. El equipo certifica y valida los sistemas constructivos y propone materiales alternativos cuando sea necesario, instando a las familias a esperar la revisión antes de regresar a sus hogares.
