Transparencia Venezuela advierte que la mayor brecha no estuvo en los daños, sino en la velocidad de despliegue estatal tras el sismo del 24 de junio de 2026.
Transparencia Venezuela publicó una evaluación técnica sobre la capacidad de respuesta estatal ante el doble terremoto del 24 de junio de 2026, en la que concluye que el principal rezago estuvo en el tiempo que tardaron en activarse los recursos humanos, logísticos y de rescate.
La brecha principal fue la velocidad de despliegue
El documento no calcula víctimas ni daños materiales. Su objetivo es medir cómo respondió el Estado frente a una emergencia de gran magnitud y comparar ese desempeño con estándares internacionales y con la experiencia de otros grandes terremotos ocurridos en Turquía, Japón, Chile, China y Haití.
Para ese análisis, los autores usaron un modelo metodológico mixto basado en el Índice de Brecha de Despliegue (IBD) y tomaron como corte de datos el 12 de julio, 18 días después del sismo.
Según el informe, esa distancia temporal marcó una diferencia decisiva: mientras en los casos de referencia gran parte de la capacidad operativa se activó en las primeras horas y días, Venezuela alcanzó el máximo despliegue nacional 18 días después del evento.
Las primeras 72 horas concentraron la mayor oportunidad
El estudio sostiene que las primeras 72 horas posteriores a un terremoto concentran la mayor oportunidad para salvar vidas. Por eso, advierte que llegar al máximo despliegue mucho después de ese lapso reduce la eficacia de la búsqueda y el rescate.
El informe también revisa la magnitud del desastre y señala que aún no existe una dimensión plenamente establecida del impacto. Para ello compara cifras oficiales con datos de Naciones Unidas, registros ciudadanos e imágenes satelitales de distintas plataformas internacionales.
Aunque admite que varias estimaciones son preliminares y requieren validación en terreno, el documento afirma que la coincidencia entre esas fuentes apunta a un posible subregistro tanto de edificaciones afectadas como de personas impactadas por el desastre.
La reconstrucción entra en una nueva fase
Además del despliegue operativo, el análisis cuestiona la forma en que se organizó la respuesta institucional. Señala que la creación de instancias para atender la emergencia y conducir la reconstrucción ocurrió sin mecanismos públicos verificables de rendición de cuentas.
En esa línea, plantea que la gobernanza del riesgo debe formar parte de la respuesta y no quedar para después, sobre todo cuando están en juego recursos destinados a la reconstrucción.
El informe concluye que el país ya pasó de la fase de búsqueda y salvamento a otra centrada en viviendas, infraestructura y servicios públicos. Por eso, pide traducir las lecciones del doble terremoto en planes de reducción del riesgo, fortalecimiento institucional, actualización de protocolos de Protección Civil y mayor transparencia sobre el uso de los recursos.
De lo contrario, advierte, las brechas detectadas durante la emergencia podrían repetirse ante un nuevo sismo.
