Analistas y periodistas especializados advirtieron, durante un foro virtual organizado por Analítica el 30 de septiembre, que la militarización y desprofesionalización de los más de 130 cuerpos policiales del país han provocado el colapso del sistema de seguridad, al punto de que los ciudadanos temen más a las autoridades que a los delincuentes.

Un sistema policial en crisis institucional

El abogado criminalista Fermín Mármol García explicó que la complejidad del mapa de seguridad no es solo un problema administrativo, sino un quiebre del mandato constitucional que anula la efectividad del Estado frente al delito. «Es un bochinche institucional. Los preventivos investigan, los que investigan deben ser preventivos y los de seguridad de Estado hacen prevención e investigación. Esto colide con el espíritu constituyentista y la función policial moderna», denunció.

Mármol García también destacó que el sistema de Justicia Penal venezolano no distingue las labores de un fiscal del Ministerio Público y un juez penal, lo que ha generado desconfianza en las instituciones, percibidas por la ciudadanía «como parte del problema».

El miedo al uniforme y la urgencia de una reforma civil

Joel García, abogado penalista y profesor de la Universidad Santa María, centró su intervención en la ruptura de confianza entre la ciudadanía y las autoridades. «Cuando un ciudadano ve una alcabala policial o una comisión, ¿siente seguridad o terror? Indudablemente, teme por su integridad. Cuando el ciudadano le teme más a la policía que al delincuente, esta sociedad está descompuesta», aseveró.

El especialista instó a reemplazar el control político-militar de los cuerpos policiales por un modelo civil enfocado en la protección ciudadana. Para García, la transformación debe basarse en tres pilares: «la depuración, la profesionalización y la dignificación del policía». Además, subrayó que el cambio no puede limitarse a exigencias académicas o éticas, sino que debe incluir una mejora sustancial en la calidad de vida de los funcionarios. «Para tener policías que no se corrompan, hay que mejorar sus condiciones laborales y dignificarlos», expuso.

Asimismo, recordó que el sistema judicial está en deuda con el artículo 272 de la Constitución, que estipula la obligación del Estado de garantizar un sistema penitenciario centrado en la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos. «Estamos lejísimos de lo que la Constitución predica. El sistema debe ser independiente, donde los jueces no le teman al poder, sino a la Constitución y a la ley», proclamó.

Colectivos y crimen organizado: el debate sobre las funciones policiales

Ronna Rísquez, coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y periodista especializada en crimen organizado, cuestionó la lógica de atribuirle a la policía científica (CICPC) la tarea de enfrentar a colectivos como “La Piedrita”. «El CICPC es un cuerpo de investigación con otras funciones. No hay que investigar para saber que ‘La Piedrita’ es un grupo armado que no debería operar en el país», enfatizó.

La experta recordó que las unidades policiales de élite, creadas para combatir el delito grave, terminaron desvirtuándose y siendo usadas para perseguir ciudadanos en sectores populares y acosar a la oposición política. Para Rísquez, cualquier estrategia seria para desmantelar bandas criminales debe comenzar con una reforma policial profunda y una reinstitucionalización real, donde se redefinan las funciones, la ética y el perfil de los funcionarios.

La FANB y el límite frente a la guerrilla

Rísquez también abordó el caso de Apure, donde en 2021 las disidencias de las FARC se enfrentaron a las fuerzas venezolanas y secuestraron a un grupo de militares. «La Fuerza Armada no pudo doblegar a las disidencias de las FARC. Si la FANB no pudo con ellos, ¿cómo se va a pensar que eso lo hará un policía?», cuestionó. Para la periodista, combatir a la guerrilla desborda el alcance policial y es un asunto de seguridad nacional que le corresponde a la Fuerza Armada.

Los especialistas coincidieron en que, para garantizar la protección ciudadana, es indispensable contar con un gobierno que priorice la seguridad como parte fundamental de la estabilidad. «Eso tiene que estar en las prioridades de un gobierno que pretenda llevar al país por un rumbo positivo. No se puede pensar en estabilidad sin pensar en la seguridad como parte de ella», precisó Rísquez.

Mármol García añadió que reestructurar el sistema de seguridad requerirá no solo reformas policiales o judiciales, sino un profundo rescate de la cultura ciudadana y la legalidad, tras décadas de permisividad y facilismo. «Hay que romper con estructuras sociales y políticas que se tienen en Venezuela para garantizar que los ciudadanos cuenten con organismos que defiendan sus derechos humanos», concluyó la periodista.