Los relatores alertaron que la emergencia tras los sismos agravó la crisis humanitaria y denunciaron trabas legales y financieras contra ONG y redes vecinales.
Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que Venezuela enfrenta una “catástrofe” que agrava las vulnerabilidades de la población y profundiza la crisis humanitaria y de derechos humanos. El señalamiento llegó en un comunicado difundido el 17 de julio, en el que indicaron que la situación empeoró tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.
La sociedad civil asumió tareas esenciales en las zonas afectadas
Los especialistas destacaron que, ante la magnitud de la emergencia, organizaciones de la sociedad civil, redes vecinales y organismos internacionales tomaron a su cargo labores clave en los sectores golpeados por los sismos.
Según el pronunciamiento, esas agrupaciones participan en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la distribución de insumos básicos. También están facilitando medicinas y atención médica.
“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta”, señalaron los expertos.
Denuncian trabas legales y financieras para las ONG
Los relatores afirmaron que esa labor de asistencia está amenazada por el marco regulatorio impuesto por el Estado venezolano, en particular por la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
Indicaron que la norma obliga a las ONG a realizar registros ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría, trámite que —dijeron— se vuelve imposible por el “silencio administrativo” del Estado, lo que congela de forma arbitraria su personalidad jurídica.
También cuestionaron las regulaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que someten a las cuentas de las ONG a una supervisión excesiva en comparación con otros sectores y terminan bloqueando la llegada y administración de recursos humanitarios.
Piden levantar restricciones y proteger los centros de acopio
Los expertos de la ONU exigieron al gobierno venezolano levantar esas restricciones y permitir modalidades de ayuda urgentes, como las transferencias de efectivo a los damnificados, una práctica internacional común que, según señalaron, no está disponible en el país.
Además, llamaron a las fuerzas de seguridad del Estado a cumplir sus obligaciones durante la emergencia, en especial para proteger iniciativas ciudadanas de ayuda, como los centros de acopio, y las acciones de organizaciones nacionales e internacionales, a fin de que no se repitan patrones de represión del pasado.
El pronunciamiento fue firmado por una amplia lista de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Gina Romero, Paula Gaviria Betancur y Morris Tidball-Binz. En su mensaje final, insistieron en que la sociedad civil debe ser respetada como veedora de la transparencia de los recursos utilizados y garante de derechos en la atención de desastres.
