El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) afirmó este viernes 17 de julio que la reunión sostenida el lunes 13 con autoridades penitenciarias terminó en una nueva revictimización de familiares de detenidos políticos que denunciaron presuntos actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Internado Judicial El Rodeo I.

Clippve dice que la reunión no aclaró los hechos

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la organización señaló que el encuentro contó con la participación del ministro para el Servicio Penitenciario, el viceministro del área y el director general de Atención Integral a la Familia.

Sin embargo, sostuvo que la conversación no permitió esclarecer lo ocurrido ni establecer medidas de protección para las presuntas víctimas.

Según Clippve, durante la reunión las autoridades optaron por negar las denuncias, descalificar a los familiares y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, y minimizar los hechos reportados el 5 de julio dentro del centro penitenciario.

El comité aseguró además que el espacio no estuvo orientado a escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o adoptar medidas urgentes de protección.

El comité exigió una investigación independiente

Clippve expresó preocupación por lo que calificó como mensajes dirigidos a desalentar nuevas denuncias y desacreditar la documentación hecha por organizaciones independientes.

También afirmó que este tipo de actuaciones constituye una forma de revictimización incompatible con las obligaciones internacionales del Estado venezolano, y advirtió que alimenta el temor y la impunidad dentro de los centros de reclusión donde permanecen personas detenidas por razones políticas.

Entre sus exigencias, el comité pidió la destitución inmediata del ministro para el Servicio Penitenciario y de los funcionarios que, según la organización, incumplieron su deber de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Asimismo, reclamó el cese de cualquier forma de criminalización, intimidación o descalificación contra familiares, defensores y organizaciones que documentan presuntas violaciones de derechos humanos.

La organización también solicitó una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las denuncias de tortura en El Rodeo I, con participación de mecanismos internacionales especializados.

Entre las medidas requeridas mencionó el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) a los centros de reclusión para evaluar las condiciones de detención.

En el comunicado, Clippve señaló que Delcy Rodríguez tiene la responsabilidad de garantizar el cese de estas prácticas, proteger a las víctimas y permitir una investigación independiente sobre los hechos denunciados.

La organización pidió además a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, a la Relatoría Especial sobre la Tortura y a la comunidad internacional mantener el seguimiento del caso.

Finalmente, reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos y afirmó que los familiares de presos políticos tienen derecho a denunciar sin temor.

«La obligación del Estado no es desacreditar a las víctimas, sino protegerlas, investigar los hechos y garantizar que nunca vuelvan a repetirse», concluyó el comunicado.