Argentina y el Reino Unido cerraron sus alegatos en Hamburgo y el tribunal podría resolver esta semana si dicta medidas urgentes sobre el proyecto Sea Lion.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar cerró este miércoles en Hamburgo la segunda y última jornada de audiencias sobre la solicitud argentina de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las islas Malvinas. Tras el choque de posiciones del martes, ambas delegaciones hicieron su última ronda de exposiciones antes de que el tribunal delibere y emita una decisión que podría conocerse pronto, incluso esta misma semana.
La discusión volvió a dejar expuesta la distancia entre ambos países. Argentina pidió la paralización inmediata del plan bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área en disputa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Reino Unido rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.
Un pleito por jurisdicción, urgencia y recursos
La delegación argentina sostuvo que la controversia se refiere a obligaciones específicas de la Convemar y no a la soberanía en sí, por lo que el tribunal sí podría actuar. Del otro lado, el Reino Unido insistió en que el fondo del caso remite a quién es soberano sobre las islas, una cuestión que —según su defensa— queda fuera del alcance del mecanismo previsto por la Convemar.
En su exposición, Argentina también defendió que la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas prohíbe adoptar decisiones unilaterales mientras la disputa permanezca abierta. Londres replicó que Sea Lion es una actividad regulada por la legislación local y recordó que se realizan perforaciones desde 1998, por lo que —a su juicio— Argentina no explicó por qué la urgencia apareció 28 años después.
La discusión incluyó el argumento de la autodeterminación. El Reino Unido lo apoyó en el referéndum de 2013, en el que el 99,8% votó por seguir siendo territorio británico. Argentina respondió que eso no habilita a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa. “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó Oyarzábal, quien añadió que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas”.
Las fechas que separan a las partes
La urgencia fue uno de los puntos más discutidos. Argentina advirtió que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027. El Reino Unido, en cambio, fijó un cronograma distinto: dijo que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción efectiva no se producirá antes de 2028.
Para sostener su planteo, la delegación argentina citó el Fleet Status Report de Noble Corporation, que indica que la semisumergible Noble Endeavour comenzaría operaciones en “Sudamérica” en enero de 2027. Según Buenos Aires, eso demuestra que el daño comenzaría antes de que el tribunal arbitral pudiera dar una protección efectiva. Londres respondió que, para entonces, el tribunal arbitral del Anexo VII ya estaría constituido y en condiciones de intervenir.
Argentina también advirtió sobre el riesgo ambiental y sostuvo que un derrame podría alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días. El Reino Unido contestó que la evaluación de impacto ambiental del proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino eran “muy bajos a bajos” y que Buenos Aires no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni precisó medidas de protección que Londres le estaría impidiendo tomar.
Lo que evalúan los jueces antes de decidir
Para dictar medidas provisionales, el Tribunal del Mar debe comprobar tres requisitos: que el tribunal arbitral del Anexo VII tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia; que existe una urgencia real; y que los derechos que Argentina busca proteger son plausibles en los hechos y en el derecho.
El Reino Unido concentró buena parte de su defensa en el primer punto. Ellie Reeves afirmó que el caso es, en esencia, una disputa sobre soberanía territorial y que ese tipo de reclamo no entra en la Convemar. Michael Wood reforzó esa línea al decir que nadie en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar esperaba que una controversia de soberanía territorial quedara cubierta por ese sistema de solución de disputas.
Argentina rechazó esa lectura y sostuvo que no pide que se resuelva la soberanía en Hamburgo, sino que se preserven sus derechos sobre la plataforma continental mientras ese conflicto se tramita en otro foro. Marcelo Kohen resumió ese argumento al decir que, para proteger los derechos soberanos que Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, primero debe demostrarse que su reclamo de soberanía territorial es plausible.
Las audiencias quedaron así en manos de los jueces del tribunal, que deberán decidir si ordenan medidas urgentes, si rechazan el planteo o si optan por una salida intermedia antes de que el caso avance por la vía arbitral.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
