Osvaldo Rodríguez Martínez / Especial Prensa Latina
El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) enfrenta siete expedientes penales aprobados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos delitos prevén condenas entre 45 y 67 años de cárcel. Desde lo que denomina su «autoexilio» en la ciudad estadounidense de Miami, el exmandatario se burla de la justicia de su país a través de mensajes en las redes sociales y cataloga de «persecución política» las serias acusaciones en su contra. Los casos más connotados por las sanciones que representarían son el espionaje telefónico a sus adversarios, con 21 años de cárcel y el despojo de tierras privadas para entregarlas a un empresario, con condenas previstas de 11 a 20 años, mientras que otros como la compra de comida deshidratada para las escuelas podrían sumarle otra década tras las rejas. El expediente más avanzado es el denominado «pinchazos telefónicos» (espionaje), en cuya audiencia fue declarado en rebeldía por no asistir personalmente y la Corte aprobó el 21 de diciembre pasado, solicitar a Estados Unidos su extradición.
Los defensores aluden al impacto de varias grandes obras de infraestructura como la primera línea del Metro capitalino, viales y la continuidad de la ampliación del Canal Interoceánico, ente otras, que arrojaron durante su mandato un visible alto Producto Interno Bruto (PIB), con ocultamiento de la profunda desigualdad.
Sin embargo, varios escándalos de corrupción que incluyen desde gran parte de su gabinete hasta al propio exmandatario, se iniciaron a pocos meses de la toma de posesión del nuevo gobierno en 2014, con serias acusaciones de contratos amañados, lesiones al patrimonio público y espionaje a opositores políticos. Cuando las investigaciones comenzaron a cercar a Martinelli, por delaciones de sus antiguos funcionarios, el expresidente multimillonario tomó su avión privado y partió a lo que sus voceros llamaron «gira internacional de denuncias de persecución política», pero solo fue a Guatemala y Estados Unidos. En su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) pidió a ese organismo, con sede en Ciudad Guatemala, inmunidad para el proceso legal en Panamá, aunque solo obtuvo como respuesta de que cada legislador se acoge a las leyes de su respectivo país. Fue entonces que la «gira» la convirtió en «autoexilio» en Miami, donde permanece, mientras un ejército de abogados atiende en su nombre las múltiples investigaciones criminales en Panamá. En manos del gobierno de Estados Unidos está ahora la decisión de entregarlo a los tribunales panameños, tras la solicitud de extradición formalizada recientemente por la Cancillería istmeña, a solicitud del pleno de la CSJ, por supuesta responsabilidad en delitos de espionaje telefónico.
Harry Díaz, magistrado fiscal actuante en el caso, sustentó su propuesta en que existen elementos de convicción suficientes que vinculan al investigado a la comisión de los delitos señalados en el auto acusatorio, por supuestamente ordenar la intervención telefónica a 11 de sus opositores y la desaparición de los equipos de espionaje. Por estos hechos la petición es de 21 años de prisión, y la renuencia del acusado de acudir a la audiencia entorpece la marcha de la justicia, señaló el fiscal en el escrito.
«Martinelli y su círculo de colaboradores habría robado dinero a través de maniobras de fraude en las licitaciones para la contratación pública de bolsas de comida y mochilas escolares destinadas a niños, en el mayor plan de seguridad social de Panamá, el Programa de Ayuda Nacional», aseguró Transparencia Internacional (TI). En un comunicado publicado por el diario local La Prensa, la organización autodenominada «no gubernamental», recordó que desde 2014 pidió que el exgobernante respondiera ante la justicia y precisó: «ansiamos el momento en que tenga que dejar su lujoso condominio en Miami para viajar hasta la Ciudad de Panamá y visitar sus tribunales». No obstante, advirtió que «existe un riesgo muy concreto de que Martinelli logre eludir el lento accionar de la justicia, que ha tardado un año y medio en llegar a este punto».
En medio de una contraofensiva de su partido Cambio Democrático (CD), por lograr impunidad para su líder y algunas de las figuras políticas de la agrupación por igual procesadas legalmente, se confirmó que aspiran a ganar la presidencia en 2019, y en particular Martinelli optaría por algún cargo público. En constantes mensajes, amplificados en la línea editorial de su emporio mediático EPASA-NexTV, Martinelli toma como definitivos los resultados de sondeos en Internet realizados por líderes de opinión y hasta actores del humor local, que otorgan preferencia a su partido. Pero una reciente encuesta de la firma Dichter & Neira ofreció un empate técnico entre los partidos CD y Revolucionario Democrático (PRD) al preguntar: «¿Si las elecciones presidenciales fueran hoy, por cuál de las siguientes alternativas políticas usted votaría?». Aunque el CD aventajó en dos puntos porcentuales al PRD, el nivel de error de 2,9 por ciento admitido por los especialistas anula el margen. Los retrasos en decenas de procesos contra personeros importantes de la era Martinelli y los admitidos en la CSJ contra el poderoso empresario, envalentonaron a la fuerza política, con la lectura de que o no hay suficientes evidencias criminales, o falta valor para sancionar los supuestos delitos.
La lentitud en la justicia y el pobre respaldo al Gobierno, constituyen elementos usados a su favor por el CD, que intenta por todos los medios echar por tierra las investigaciones bajo el pretexto de «persecución política», mientras procura ganar terreno. La extradición o no de Martinelli decidirá el rumbo futuro del país, según politólogos, porque triunfará el sistema judicial y con ello el actual mandatario, Juan Carlos Varela, o Panamá podría quedar otra vez en manos del CD, para no pocos panameños, el gobierno más corrupto de la llamada «era democrática».
