Reportaje. En Bangladés, el tráfico de riñones prospera a costa de la miseria

 Shafiqul Alam/ AFP                Abrumada por las deudas, Rawshan Ara decidió seguir los pasos de su familia y vender un riñón, alimentando así un tráfico boyante en Bangladés.   Como muchos de sus vecinos de una zona rural pobre, esta mujer de 28 años, madre de una niña, encontró sin problema un intermediario para conseguir un poco de dinero a cambio de su órgano.   Asegura que su hermana y su cuñado le advirtieron en febrero que a ellos la operación a la que se sometieron hace dos años les había causado complicaciones médicas.   «No soportaba más ser pobre», resumió en el distrito de Kalai, a 300 km al noroeste de Daca, una región donde este tráfico prospera.

«Mi marido siempre está enfermo. La educación de mi hija cuesta cara. Fui a Daca a trabajar en el sector textil o como empleada doméstica. Pero los salarios son míseros», cuenta, negándose a revelar quién ejerció de intermediario.   La policía cuenta otra versión. Sospecha que los familiares de la joven la animaron a operarse y a entrar en esta red de donantes que se convierten a su vez en intermediarios para cobrar una comisión por cada reclutamiento.   «Sólo este año, 40 habitantes de Kalai vendieron un riñón», informa el jefe de la policía local, Sirajul Islam, a la AFP. Han sido 200 desde 2005.   Otros 12 están desaparecidos. Se cree que se fueron a India para ser operados.   «Los que vendieron un riñón se convirtieron a su vez en intermediarios en esta inmensa red de tráfico de órganos», afirmó el policía. «Primero acuden a familiares y luego a habitantes de la aldea», explica.       Alrededor de ocho millones de bangladesíes sufren de insuficiencia renal y al menos 2.000 necesitan un trasplante cada año.   Pero en Bangladesh, la donación de órganos sólo es legal entre familiares.   Frente a esta situación, florece un mercado negro entre compradores desesperados y donantes dispuestos a todo con tal de salir de la pobreza.   «Esta extorsión enriquece a muchas personas influyentes», afirma Mustafizur Rahman, un nefrólogo bangladesí.   Desde el desmantelamiento en 2011 de una red de médicos, enfermeras y clínicas, la mayoría de las operaciones tienen lugar en In

  Las personas influyentes implicadas en el tráfico «preparan sin dificultades los papeles necesarios, sobre todo los pasaportes y los documentos de identidad falsos para facilitar los trasplantes ilegales», explica el nefrólogo.   Ara consiguió los documentos tan pronto como las pruebas sanguíneas confirmaron su compatibilidad con el beneficiario.   «Me cambiaron el nombre por el de Nishi Akter, para hacerme pasar por su prima. Me dijeron -añade- que habría que convencer a la clínica india donde los médicos me sacaron el riñón».   Cruzó la frontera aterrorizada y sola. «El día de la operación sudaba de miedo. Recé a Alá todopoderoso una y otra vez».   Ara cobró 4.500 dólares que se gastó en el alquiler de tierras para el cultivo de patatas y arroz. También contrató a maestros para su hija de 13 años que sueña con ser médico.   Pero pagó un precio: ya no puede levantar objetos pesados, se cansa pronto y respira con dificultad. «Vender este riñón ha sido un gran error. Hoy necesito medicamentos caros», lamenta.       En casi todas las casas de Kalai conocen a alguien con una experiencia similar.   La mayoría de ellos padecen problemas de salud por falta de control posoperatorio y ya no pueden trabajar en el campo. Algunos se convierten en intermediarios, embolsándose hasta 3.000 dólares por cada reclutamiento, asegura el policía Sirajul Islam.   «Un donante puede convencer fácilmente a un vendedor potencial de que no tiene nada que perder vendiendo un riñón», explica Moniruzzaman Monir, investigador de la Michigan State University.   El mes pasado, la policía detuvo a una decena de personas en Kalai y en Daca, entre ellas un donante convertido en «barón» de este tráfico.   La operación se puso en marcha a raíz del crimen cometido por una banda que extrajo un riñón a un niño de seis años y arrojó su cuerpo a un pozo.   Las autoridades también lanzaron una campaña de advertencia distribuyendo octavillas en casas y escuelas. Pero muchos estiman en Kalai que nada cambiará debido a un sistema judicial ineficaz, con investigaciones que avanzan «a paso de tortuga», zanja el investigador Monir.