La abogada en derechos humanos Natasha Lycia Ora Bannan defiende el calificativo de odiosa para la deuda acumulada por Puerto Rico, al tratarse de gastos que no beneficiaron a su pueblo.
En entrevista con Prensa Latina durante una reciente visita a Naciones Unidas, la presidenta del Gremio Nacional de Abogados precisó que bajo principios del contexto de la justicia transicional, una deuda debe considerarse odiosa cuando se acumula y crea en nombre de un pueblo que realmente no sacó provecho alguno de la misma.
Tenemos un término que deriva de las actuaciones de un régimen político que endeuda a la población para oprimirla más en escenarios de dictadura, colonialismo o cualquier otro, advirtió la también asociada a Justicia Latina, una organización promotora de los derechos de esa comunidad en Estados Unidos.
De acuerdo con Ora Bannan, los acreedores sabían bien el riesgo que corrían al prestarles dinero a una nación sumida en la pobreza, ya endeudada y sin posibilidades de acceso a mercados financieros internacionales.
Hay en todo esto. Una especie de complicidad, porque estamos ante fondos buitre que dieron dinero para gobernar a una colonia, subrayó la experta, quien a finales de junio participó en una sesión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, dedicada al caso de Puerto Rico, pueblo sometido a cinco siglos de dominación extranjera, los últimos 118 por Estados Unidos.
La jurista precisó que los acreedores impusieron condiciones impagables a los boricuas, mediante impuestos sumamente altos, y compraron los bonos municipales a precios irrisorios, que ahora pretenden convertir en ganancias exorbitantes.
Puerto Rico acumula una deuda de más de 70 mil millones de dólares, la cual Ora Bannan aseveró no se tradujo en beneficios para los puertorriqueños y amenaza con agravar el duro panorama socio-económico imperante en la isla caribeña.
Por tanto, el calificativo de odiosa e impagable constituye una cuestión de justicia, insistió la autora de un estudio publicado sobre el tema en una revista jurídica de la Universidad de Nueva York.
El Congreso norteamericano, ente que según Washington rige los destinos de los puertorriqueños, estableció en mayo una junta federal de control fiscal, encargada de lidiar con la deuda.
La iniciativa fue apoyada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, bajo el argumento de que a diferencia de la potencia norteña, Puerto Rico no se había recuperado de la crisis económica.
Obama describió condiciones sombrías en la isla, pero ignoró que sus causas radican en el estrangulamiento financiero ejercido por Wall Street.
Para Ora Bannan, la decisión del Capitolio está lejos de ser la más favorable para el pueblo boricua, atado a una junta con poderes por encima del Gobierno electo en la isla.
Se trata de un mecanismo que impide a Puerto Rico desarrollar su propia visión de economía, porque el único interés es priorizar el pago de la deuda, ignorando el progreso a largo plazo y agravando el devastador impacto social, alertó.
Situación desesperada. Puerto Rico sufre una aguda crisis socio-económica, traducida en la falta de los más elementales derechos de los seres humanos.
Vemos una creciente migración forzada, a partir de la deteriorada situación económica y el cierre de escuelas y hospitales como resultado de los recortes presupuestarios, subrayó Ora Bannan.
La jurista explicó que hay en Vieques un hospital que carece de aire acondicionado en la sala de partos, mientras falta la gasolina para ambulancias y automóviles de la Policía.
Las afectaciones en los servicios públicos son notables, lamentó.
A juicio de la abogada especializada en derechos humanos, existen varias alternativas a la decisión del Congreso de imponer una junta de control fiscal.
Puerto Rico necesita espacios para su progreso económico, que incluyan el acceso a los mercados financieros, no necesariamente el Fondo Monetario Internacional, sino más bien bancos regionales que puedan ofrecer arreglos más favorables para las condiciones de la isla, acotó.
Ora Bannan pidió compromiso con la restructuración de la deuda y no su pago a costa de un pueblo ya azotado por las penurias.
Otras voces. En la sesión del Comité Especial de Descolonización, celebrada el 21 de junio, el gobernador puertorriqueño, Alejandro García Padilla, rechazó la iniciativa del Congreso estadounidense, la cual consideró una prueba del empeño de Washington en impedir la autodeterminación boricua.
Según el funcionario, esa medida del Capitolio generará una crisis política y despojará a Puerto Rico de los atributos de soberanía reconocidos por la ONU en 1953, que llevaron a retirar a la isla de la lista de territorios no autónomos del planeta.
«La consecuencia será la trastocación de los elementos de gobierno propio sobre los que se sostiene la resolución 748 de 1953 de Naciones Unidas, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966», afirmó.
García Padilla alegó que el pueblo puertorriqueño pensaba que su relación con Estados Unidos sería en términos de igualdad política, con apego a las resoluciones de la ONU y al Derecho Internacional.
En ese sentido, solicitó el apoyo de Naciones Unidas para que vuelva a analizar la situación boricua.
“Puerto Rico tiene hambre y sed de justicia, y aquí reclamo como gobernador el derecho a la autodeterminación, y la ayuda de la ONU para que se defina nuevamente que es de igualdad y respeto la relación que debe existir entre los dos pueblos”, subrayó en el foro.
Por su parte, la presidenta del Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas, Olga Sanabria, calificó de insostenible el escenario generado por una aguda crisis económica y una deuda superior a los 70 mil millones de dólares.
«La situación de los puertorriqueños se agrava, y es que el estatus colonial impide el desarrollo socio-económico y dispara la crisis que empeorará aún más con la decisión del Congreso estadounidense de imponer una junta para lidiar con la impagable deuda», advirtió en entrevista con Prensa Latina.
