Las heridas que causó el huracán María en Puerto Rico aún siguen abiertas. Miles de personas sin techo tratan de sobrevivir con lo que pueden y casi el 70 por ciento de la población continúa a oscuras.
Mi país «es otro después de María», lamentó la abogada boricua Rosa Meneses Albizu Campos en reciente diálogo con Prensa Latina en un intento por retratar el impacto devastador del meteoro, que con fuerza categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson transformó en horas la imagen de esa isla.
El potente fenómeno hidrometeorológico arrasó, literalmente, a Puerto Rico el pasado 20 de septiembre. Dejó un saldo de 48 muertes, según los últimos conteos oficiales y las pérdidas aseguradas se estiman en más de 70 mil millones de dólares.
Mi pueblo quedó casi en la indigencia, opinó Meneses, quien llegó a La Habana junto a su colega estadounidense Linda Backiel, radicada en San Juan, optimista en cuanto al espíritu de resistencia de ese pueblo.
Ambas denunciaron la demora en la respuesta del gobierno de Estados Unidos tras la tragedia y calificaron de «bofetada para los puertorriqueños» la visita de cinco horas que realizara el presidente Donald Trump, dos semanas después del huracán.
Todo lo anterior se exacerba a cuenta de la condición subordinada de Puerto Rico como territorio no incorporado ya que pertenece a Estados Unidos pero no forma parte de él.
Meneses, delegada en el exterior del Partido Nacionalista de Puerto Rico, advirtió que lejos de hacer algo ante la grave crisis, para qué Washington envió a tantos militares.
«Jamás se habían visto tanquetas en las calles y todo ese despliegue militar. Para qué si no están resolviendo nada», insistió Meneses en un encuentro previo con la prensa en la sede de la Misión boricua en esta capital.
Al respecto, Edwin González, jefe de la Misión, explicó que a raíz de la visita de Trump arribaron a su país unos 10 mil efectivos militares.
Lo mas cercano a la realidad
La información sobre el estado del país y de la recuperación de los servicios básicos, es confusa y contradictoria, expresó una declaración del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) recibida en Prensa Latina.
El riesgo y la amenaza de enfermedades causadas por la inoperancia de los sistemas de tratamiento a las aguas usadas y potable, es real y creciente, agregó el documento al reseñar que a eso se «suma la fragilidad con la que están funcionando los pocos hospitales en servicio».
Mientras, cifras del Departamento de Vivienda y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por siglas en inglés) aseguran que el huracán destruyó entre 25 mil y 30 mil inmuebles residenciales.
Al mismo tiempo, algunos análisis arrojan que cerca de 250 mil casas sufrieron daños parciales. Más de mil escuelas siguen cerradas y un número de ellas se utiliza como refugio para numerosas familias que duermen en los salones de clases.
De acuerdo con la prensa local, la industria turística, que genera alrededor de mil 800 millones de dólares y emplea a más de 63 mil personas fue, sencillamente, destrozada.
Decenas de hoteles, hostales y casas de huéspedes permanecen interruptos y en los pocos que funcionan las habitaciones están copadas por funcionarios federales que arribaron a la isla para las labores de estabilización y recuperación.
Por su parte, el Departamento de la Familia anunció que utilizará tecnología satelital para procesar el uso de las tarjetas de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
A más de un mes del fenómeno unos 35 mil 841 favorecidos no han podido acceder a la ayuda por la falta de fluido eléctrico y las autoridades estiman que tomará meses volver a la normalidad. El gobernador puertorriqueño, Ricardo Roselló, se comprometió a restablecer el 95 por ciento de la electricidad para el 31 de diciembre.
Lo cierto es que «María» provocó inundaciones generalizadas y redujo a escombros toda la red eléctrica en ese país, cuya población ronda los tres millones 500 mil habitantes.
Comentaristas opinan que el gobierno de San Juan está otorgando préstamos leoninos a empresas y hasta se especula que hay un plan para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Por eso Meneses, nieta del líder independentista Pedro Albizu Campos, comparó el momento actual como una «segunda intervención de Puerto Rico».
Para la jurista, el meteoro ha sido el puntillazo que abrió la brecha a Estados Unidos en una dirección: «apoderarse por completo de lo que pudiera quedar del control del territorio puertorriqueño».
Una apreciación similar a la que hiciera el propio Albizu Campos hace más de 80 años, cuando se refirió en una entrevista ofrecida el 8 de febrero de 1930 a una fuerte tormenta que había asolado a la isla en 1928.
«Norteamericanos sagaces ven claro que el huracán que arruinó a todo el país, acelera la penetración económica de Estados Unidos en Puerto Rico», indicó entonces Albizu. Los invasores pueden después del huracán -acotó- «adquirir bienes públicos, tanto tierras como empresas valiosas a precios ridículos comparado con su verdadero valor».
Pero…aquí un paréntesis
La situación en ese país del Caribe insular no es posible comprenderla a plenitud sin tener en cuenta el estado precario de la administración pública antes del demoledor azote de «María», sostienen observadores.
Y ello se vincula con la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (ley Promesa, por su sigla en inglés) de 2016 que suspendió el orden democrático y puso las finanzas en manos de la Junta de Control Fiscal.
La mencionada Junta la integran siete miembros designados por el Congreso federal para controlar el erario de la isla, bajo cuya tutela se inició un proceso de bancarrota que apenas comenzaba, afirmó el catedrático Pedro Reina Pérez en su artículo Después de María: Puerto Rico, la paradoja de la reconstrucción.
¿Cómo se reconstruirá Puerto Rico y para quién será esta reconstrucción si el gobierno ha sido privado de manejar su propia chequera, no tiene acceso al crédito internacional y depende de lo que el Congreso de Estados Unidos apruebe en asistencia?, añadió el profesor Reina.
Acerca de este tema el MINH pidió en su declaración que los puertorriqueños exijan la disolución inmediata de la Junta de Control Fiscal y la derogación de la denominada Ley Promesa, cuyo propósito ha sido despojar los fondos del pueblo para pagarle a los bonistas.
Hay quien considera que la Junta no es otra cosa que una vuelta a los tiempos de las plantaciones sureñas, donde el amo pensaba por el esclavo.
Cabe resaltar que la deuda de 74 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico está en poder de inversionistas especializados; en manos de fondos buitres (al menos una tercera parte), que son los que poseen el capital para préstamos de reconstrucción.
Entretanto, el Senado estadounidense acordó la tarde del 23 de octubre llevar a votación final la resolución que permitirá al gobierno de San Juan una línea de crédito de cerca de cuatro mil 700 millones de dólares para financiar sus gastos hasta finales de 2017.
El gobernador Rosselló teme que en pocos días su gobierno quede sin efectivo, en momentos en que la catástrofe ocasionada por «María» representa todavía una situación de emergencia.
Hoy miles abandonan la isla del encanto. Casi 60 mil puertorriqueños en menos de un mes. Dicen que muchos se van solo con sus boletos de ida sin regreso, por ahora.
