Sigue el escrutinio sobre la política migratoria mexicana, un mes después del incendio que mató a 40 migrantes recluidos en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. Los avances en la investigación han sido tímidos y la situación ha sido objeto de críticas por su gestión de la crisis migratoria que recorre México de norte a sur y por la condición en la que retiene a los migrantes en centros como en el que ocurrió la tragedia. La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado cargos contra varios funcionarios del INM, incluyendo al director del INM, Francisco Garduño, que está a la espera de que se le imputen cargos. Además, el sacerdote Alejandro Solalinde, veterano defensor de los derechos de los migrantes, ha defendido una modificación de la política migratoria de México que conllevaría la desaparición del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Un nuevo video de las cámaras de seguridad en el interior del centro de detención ha sido revelado y muestra los momentos previos al incendio y el trato de los oficiales con los migrantes. En el video, se observa el momento en que los migrantes colocan colchonetas frente a los barrotes de la celda para hombres y les prenden fuego en forma de protesta tras enterarse de su deportación. Los diversos funcionarios huyen de la estancia, sin abrir las puertas. El suceso ha provocado condena internacional por parte de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil. El Gobierno de El Salvador lo ha considerado como «un crimen de Estado» y ha dicho que el Gobierno de México cometió «una masacre».

Los migrantes fallecidos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, fueron repatriados a sus respectivos países al cabo de unas semanas. Tras el reclamo de Guatemala, el secretario de Gobernación mexicano, Adán Augusto López, ha garantizado que repararían a las familias de los 40 migrantes fallecidos y a quienes resultaron heridos. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha dejado de informar sobre las pesquisas y sólo se ha pronunciado para defender que Garduño se mantenga en el cargo pese a la investigación abierta en su contra.