El Banco Central del Paraguay decretó la intervención y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar un fuerte deterioro en su solvencia y liquidez. La medida paralizó los servicios de la entidad y dejó fuera de funcionamiento cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas de pago en línea para casi tres millones de usuarios.
La imposibilidad de retirar dinero o hacer transferencias provocó protestas de ahorristas en Asunción, frente a las sedes del banco. Las manifestaciones escalaron en tensión con los cuerpos de seguridad, mientras los clientes exigen la devolución inmediata de sus fondos y señalan responsabilidad política del dirigente paraguayo Santiago Peña.
La crisis también golpea al sector público paraguayo. En el banco quedaron atrapados cerca de 380 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social, que resguarda las pensiones de más de 32.000 jubilados, además de depósitos de empresas estatales de electricidad y de la represa de Itaipú.
Garantía de depósitos y detenciones
El Banco Central activó el Fondo de Garantía de Depósitos, con cobertura de hasta 75 salarios mínimos por persona, unos 38.600 dólares, para proteger a la mayoría de los pequeños ahorristas. También anunció un desembolso inicial progresivo.
La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a ocho altos directivos del banco, entre ellos su presidente y principales accionistas, en una investigación penal por presunta lesión de confianza y delitos económicos.
En paralelo, Carlos Carvallo puso su renuncia a disposición del Poder Ejecutivo, mientras sectores de la oposición avanzan en el Congreso con pedidos de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana. El proceso de liquidación sigue en curso mientras persiste la incertidumbre sobre el sistema financiero paraguayo.
