Jorge Herrera propone flexibilizar el uso del Impuesto de Bienes Inmuebles para que alcaldías afectadas por el terremoto sostengan sus operaciones.
Los municipios de las provincias centrales afectados por el terremoto del 9 de octubre enfrentan dificultades para recaudar impuestos y sostener sus servicios, según planteó el diputado y presidente del Partido Panameñista, Jorge Herrera.
La caída de ingresos presiona a las alcaldías
Herrera explicó que los daños sufridos por establecimientos comerciales han reducido los ingresos de varias alcaldías, en momentos en que deben seguir atendiendo a sus comunidades con presupuestos limitados.
El diputado dijo que ha visitado entre 20 y 24 de los 32 municipios de las provincias centrales y describió un panorama crítico para las autoridades locales. A su juicio, la dependencia de las transferencias estatales sigue siendo alta: afirmó que el 85% de los municipios del país son subsidiados por el Estado.
Entre los casos que mencionó figuran Tonosí, Macaracas, Mariato y Soná, donde —según dijo— también se han registrado problemas para recaudar impuestos después de las afectaciones.
IBI para cubrir gastos de funcionamiento
Ante ese escenario, Herrera anunció que impulsará una modificación para permitir que los municipios que lo necesiten usen recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles para cubrir gastos de funcionamiento, siempre que los proyectos correspondientes no hayan sido adjudicados.
El diputado aclaró que la medida sería voluntaria y estaría dirigida a las municipalidades que requieran esos fondos para mantener sus operaciones. Entre las prioridades que citó estuvieron la planilla municipal, la recolección de basura y el mantenimiento de áreas verdes.
Herrera también señaló que la iniciativa sería presentada ante la Asamblea Nacional y que se convocaría a una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales para avanzar con el trámite legislativo.
Fondos de emergencia con uso restringido
Sobre los recursos extraordinarios anunciados para los gobiernos locales afectados por el terremoto, Herrera indicó que ya se habían realizado los trámites para avanzar con los desembolsos durante esa semana.
Sin embargo, advirtió que ese dinero tiene restricciones de uso y no puede destinarse a materiales de construcción. Según detalló, los fondos transferidos por la Contraloría son de $10 mil para juntas comunales y $20 mil para alcaldías.
Entre los gastos permitidos mencionó la compra de alimentos y medicamentos, el combustible, la habilitación de albergues o toldas y el apoyo para abrir caminos con maquinaria. Aun así, sostuvo que esos recursos resultan insuficientes frente a las necesidades de las comunidades afectadas.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
