El presupuesto ambiental de México disminuyó durante 14 años, con solo dos recuperaciones temporales, según un análisis de Mongabay Latam. Especialistas y exfuncionarios consultados vinculan el debilitamiento de los recursos con el avance de actividades ilegales, como la tala y la minería, en áreas protegidas.
El país cuenta con apenas 717 inspectores para vigilar millones de hectáreas protegidas, de acuerdo con el contenido publicado. Las áreas naturales protegidas abarcan el 11 % de la superficie terrestre y el 23,7 % del área marina mexicana. En seis países latinoamericanos, incluido México, los presupuestos de Ambiente representaron en promedio menos del 1 % del gasto nacional, según la investigación.
Los informes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo mexicano de vigilancia ambiental, registran que en 2019 hubo recorridos, inspecciones y operativos en 131 áreas protegidas, equivalentes al 72 % de las existentes entonces. Durante los cuatro años siguientes, la proporción de áreas con esas actividades bajó a 56 % y luego subió a 69 %. La memoria de actividades de la Profepa de 2019 y sus informes anuales documentan estas labores.
El máximo de 2015 no se repitió
Julia Carabias Lillo, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y exsecretaria de Medio Ambiente, atribuyó los recortes a la falta de prioridad política. Recordó que un exresponsable de la cartera ambiental dijo que esa política no debía frenar el desarrollo. Según Carabias, desde 2012 comenzaron reducciones que continuaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018.
En 2015, el presupuesto ambiental llegó a unos 4.762 millones de dólares de la época, equivalentes al 1,06 % del presupuesto nacional. El análisis indica que desde entonces no hubo una asignación comparable en términos reales. Ese año, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas recibió el 1,98 % del presupuesto ambiental y la Profepa, el 1,74 %; la Comisión Nacional Forestal obtuvo el 12,10 % y la Comisión Nacional del Agua, más del 74 %, principalmente para obras hidráulicas, drenaje y tratamiento.
Gina Ileana Chacón, directora de política pública de Wildlands Network y coordinadora del informe «Cuidar lo que importa», señaló que en 2015 se destinaron 500 millones de pesos a subsidios para atender necesidades de conservación de la vaquita marina. Añadió que hubo aportes privados e internacionales, pero que no hay información pública detallada que permita determinar si explican el aumento de ese año. La vaquita marina sigue clasificada en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El análisis atribuye la tendencia descendente también a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Aunque el presupuesto aumentó en 2023 y 2024, el texto disponible se interrumpe antes de explicar el alcance de esas alzas.
