Los periódicos de Corea del Sur rompieron hace unos días récord de ventas; una noticia histórica, dicotómica, de hondas implicaciones políticas, fue la responsable de la remontada: el Tribunal Constitucional ratificó la decisión del Parlamento de destituir a la presidenta Park Geun-hye.
Ante el sin igual suceso, la opinión pública surcoreana se detuvo a repensar el futuro de un país dividido, ansioso de reconciliación y unidad, cuyas próximas elecciones presidenciales traerán más retos que soluciones, en opinión de expertos.
El 9 de diciembre la Asamblea Nacional votó a favor de la destitución de Park y el viernes pasado, después de tres meses de deliberaciones, los ocho magistrados del Tribunal Constitucional aprobaron por unanimidad la decisión del poder legislativo.
El juez principal en funciones, Lee Jung-mi, leyó el fallo, transmitido en vivo en todo el país, donde aseguró que hicieron todos los esfuerzos para lograr una sentencia justa, con la esperanza de que su juicio se convierta en base para llevar a Corea del Sur hacia el remedio, alejada definitivamente de la división y el caos.
Había disparidad de opiniones, pero el dictamen se centró en el abuso de poder en que incurrió Park Geun-hye al permitir que sus asesores y una amiga íntima interfirieran en los asuntos del Estado.
En tanto, la sociedad se mostraba dicotómica: los leales a la ex jefa de Estado insistían en su inocencia, pero una abrumadora mayoría de los surcoreanos celebraban su expulsión, alentados por la esperanza de alcanzar un país libre de corrupción e injusticia.
Cuando el Parlamento vaciló en aprobar la ley de acusación el año pasado, más de dos millones 300 mil ciudadanos salieron a las calles para encender velas y gritar por el pasaje parlamentario.
Una semana después, la moción fue aprobada y, a pesar de ello, las trasnochadas a la luz de las velas continuaron. Lee Jae-myung, del partido Minjoo, alcalde de la ciudad de Seongnam, al sureste de Seúl, dijo: «Hoy es un gran día para la gente.» La acusación es el comienzo para construir una Corea del Sur justa, al margen de juegos sucios y privilegios.
«La genuina unidad sólo será posible cuando se elimine completamente el legado de los viejos tiempos», añadió.
Por su parte, el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó que respetaba la decisión del Tribunal.
Sólo cuando las personas, especialmente los que protestaron contra el juicio político, aceptaron el fallo, «puede el estado de derecho, que es el valor básico de la constitución surcoreana, mantenerse en pie», puntualizó. Se había acusado a la mandataria de dar instrucciones directas a conglomerados comerciales para que canalizaran grandes donaciones a dos fundaciones creadas por su amiga Choi Soon-sil.
La Corte dictó que dicha acción era un caso de abuso de poder y una violación de la Carta Magna. Ese es el alegato más significativo para explicar la destitución.
Además, en su veredicto, los magistrados hicieron hincapié en que el abuso de poder había sido constante y que Park había intentado ocultarlo, había presionado a personas involucradas y no había cumplido su deber de decir la verdad.
El Tribunal considera que ese hecho no es una simple violación de la Constitución, sino una falta grave.
Los jueces ratificaron la decisión del Parlamento porque juzgaron que la presidenta no tenía intención de respetar la Carta Magna.
Hubo presidentes surcoreanos que dejaron el cargo antes de que expirara su mandato, pero siempre fue por un motivo extrajudicial: un golpe de Estado o un asesinato.
En este caso, la sentencia marca un hito por dos motivos: por un lado, la destitución ha sido legal y se ha llevado a cabo según los procedimientos que estipula la Constitución.
Aunque es un hecho inusual, es un reflejo del buen funcionamiento del sistema democrático.
Por otro, hay que destacar que uno de los magistrados haya advertido en público que se ha de terminar con los tiempos de la vieja política en los que era posible favorecer a los amigos y donde primaban las conexiones.
Esto es una reivindicación de las reglas democráticas a modo de advertencia para los futuros presidentes, que deberán respetar la transparencia dentro de la autoridad que se les confiere.
En cuanto a las manifestaciones y disturbios provocados por la destitución, con el resultado de varios muertos y heridos, es posible que continúe la tensión durante un tiempo, pero la atención de la gente se está dirigiendo rápidamente hacia las elecciones presidenciales, previstas para el 9 de mayo.
Según los sondeos de intención de voto, el favorito es Moon Jae-in, exdirigente del Partido Democrático, principal fuerza de la oposición.
De esa agrupación provienen tres de los cinco aspirantes con mayor apoyo en las encuestas.
En conjunto tienen más del 60 por ciento del respaldo popular.
Para expertos, puede haber diferencias de matices entre las políticas que defienden, pero los tres quieren desmarcarse de Park Geun-hye con cambios.
Uno de ellos podría ser pedir a Japón renegociar el acuerdo bilateral de diciembre de 2015 sobre las «mujeres de consuelo».
En ese caso, podrían surgir obstáculos en las relaciones entre los dos países.
De manera general, los principales candidatos presidenciales hablan en voz alta sobre una sociedad más justa y la ruptura de vínculos colusorios entre políticos y empresarios.
En tanto, Park estará sujeta a la acusación y la detención por los fiscales, al perder su inmunidad presidencial después de la decisión del Tribunal.
Juicios por delante, elecciones anticipadas, futuro incierto, son algunas de las frases más frecuentes en Corea del Sur, fragmentada entre la duda y las expectativas, ansiosa del cambio que Park nunca le pudo dar.
