«Tengo la certeza de que una vez pise una cárcel ordinaria colombiana van a asesinarme», dijo en una carta al Presidente colombiano.
El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», deportado a Colombia tras purgar una condena de 12 años en Estados Unidos por narcotráfico, solicitó al presidente Iván Duque protección en la cárcel a la que sea enviado ante la «certeza» que dice tener de que puede ser asesinado. Así lo expresó Tovar en una carta enviada al jefe de Estado que tiene fecha del 1 de octubre en la que recordó que «es responsabilidad única y exclusiva del Estado colombiano» garantizar la seguridad a él y a su familia. «Tengo la certeza de que una vez pise una cárcel ordinaria colombiana van a asesinarme. Le solicito por medio de la presente respetuosamente, se me recluya en un lugar que cuente con las medidas de seguridad necesarias», dijo el excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El sanguinario exjefe paramilitar regresó a Colombia deportado por Estados Unidos el pasado 28 de septiembre y recientemente fue trasladado a la cárcel Picaleña, ubicada en Ibagué, capital del departamento del Tolima.
Tovar agregó que pese a tener posibilidades jurídicas para haber solicitado quedarse en Estados Unidos por problemas de seguridad en Colombia para él y su familia, no lo hizo y eligió regresar al país donde tiene «responsabilidades como actor principal del conflicto armado». Recordó que su regreso al país puede «generar represalias desde distintos frentes» y que no se puede perder de vista que su hermano Sergio fue asesinado por sicarios en 2009 en Valledupar, capital del caribeño departamento del Cesar, cuando él ya había sido extraditado sin que, a la fecha, la justicia colombiana haya mostrado resultados de ese crimen. Deudas con la justicia «Jorge 40» tiene en Colombia más de 1.486 investigaciones activas por múltiples delitos como asesinato, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron al menos a 60 personas en febrero del 2000 en el caribeño departamento de Bolívar.
En su momento, el Ministerio de Justicia dijo que Tovar Pupo, que tiene en su contra 35 órdenes de capturas pendientes y 40 medidas de aseguramiento, quedará a disposición de la justicia penal ordinaria donde deberá «garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas».
