Guarderas lleva a la Fiscalía señalamientos por cobros en Quito
La denuncia apunta a presuntas contribuciones bajo amenaza de despido y a un posible uso electoral del dinero. El denunciante también anunció gestiones ante órganos administrativos y electorales.
El activista Juan Esteban Guarderas presentó este lunes 19 de octubre una denuncia penal contra Pabel Muñoz ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador, por presunta concusión en un caso de supuestos cobros de dinero a funcionarios del Municipio de Quito. Guarderas sostiene que los recursos habrían financiado la campaña de reelección del alcalde; esa versión deberá ser investigada.
La denuncia describe cobros y posibles amenazas
Guarderas acudió a la Fiscalía acompañado por el abogado Pablo Sempértegui. Dijo que en la recopilación de información participaron el colectivo ciudadano Vértice, la Fundación Lucha Anticorrupción y el portal Visionarias. El activista afirmó que tienen pruebas que, a su juicio, respaldan los señalamientos.
Entre los elementos que mencionó figuran videos de presuntos pagos, conversaciones que —según su versión— mostrarían que las contribuciones se exigían bajo amenaza de despido, y cobros extraordinarios mediante rifas o bingos. También aseguró que disponen de audios, información bancaria y nombres de posibles participantes. Hasta ahora, dijo, se han conocido dos testimonios y podrían aparecer otros.
Guarderas planteó un cálculo hipotético sobre el monto: si 1.000 de los 7.000 funcionarios de libre remoción del municipio hubieran entregado 80 dólares mensuales, se habrían recaudado 80.000 dólares al mes y 960.000 al año. Aclaró que es una estimación basada en esos supuestos, no una cifra comprobada de dinero recaudado.
El denunciante anunció gestiones en tres vías
Además de la denuncia penal, Guarderas dijo que buscará que la Contraloría General del Estado examine posibles responsabilidades administrativas. Alegó que los cobros habrían ocurrido en dependencias municipales y entidades vinculadas, incluida la empresa de pasajeros, y que algunas actividades se habrían hecho durante la jornada laboral.
También anunció que esta semana presentaría una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por presunto financiamiento irregular de la campaña de reelección de Muñoz. Citó el artículo 281 del Código de la Democracia y sostuvo que, si se comprobara el financiamiento ilegal, podrían imponerse sanciones que afecten los derechos políticos del alcalde. Se trata de una consecuencia planteada por Guarderas, no de una decisión ya adoptada.
La querella incluye a otras personas y pide protección
Sempértegui indicó que el expediente también incluye a otras tres personas, cuyos nombres completos constan en la denuncia, además de testigos y personas que aparecerían en conversaciones relacionadas con los supuestos cobros. Según el abogado, la presentación plantea presunta concusión y, de forma secundaria, cohecho. Afirmó que decenas de funcionarios habrían ofrecido testimonios.
El abogado sostuvo que los aportes se habrían exigido bajo presión y recaudado por funcionarios de alto nivel, y señaló a Muñoz como presunto beneficiario final. La denuncia solicita a la Policía Nacional y a la Fiscalía medidas de protección para los testigos. Sempértegui dijo que algunos recibirían intimidaciones en redes sociales y que otro habría sufrido un incidente en el que un objeto fue lanzado contra el vidrio de su vehículo.
