El Consejo de Gabinete autorizó modificaciones por $186.83 millones al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, con refuerzos para salud, educación, seguridad, infraestructura pública y servicios básicos en Panamá.
Los ajustes, contenidos en el proyecto de Resolución 142-26, mantienen el monto global en $35,111.75 millones e incorporan recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional tras las vistas presupuestarias.
Refuerzos en áreas sociales y de infraestructura
La decisión apunta a aumentar asignaciones en entidades y redistribuir recursos para compromisos institucionales y programas considerados prioritarios. Antes de avalar las modificaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas evaluó la disponibilidad de fondos, la prioridad de los gastos y la capacidad de ejecución de las instituciones, según el documento.
Entre los sectores mencionados por los diputados estuvo salud, con una recomendación de $12.3 millones para inversión en los hospitales Cecilio Castillero, de Ocú, y Luis “Chicho” Fábrega, además del Minsa-Capsi de Macaracas. Esa petición se vinculó con necesidades en zonas afectadas por el terremoto.
Fondos de emergencia y nueva revisión legislativa
Al autorizar los cambios, el Consejo de Gabinete aclaró que algunas solicitudes relacionadas con infraestructura hospitalaria afectada serán atendidas mediante mecanismos extraordinarios de la emergencia nacional, para evitar duplicidades en la asignación de recursos. Sin embargo, no precisó cuáles instalaciones recibirán ese financiamiento.
La evaluación también consideró los riesgos de fenómenos naturales y climáticos sobre comunidades, actividades productivas, infraestructura y servicios esenciales. El texto cita la Resolución de Gabinete No. 80, que declaró el estado de emergencia nacional como consecuencia del fenómeno de El Niño.
El MEF quedó autorizado para incorporar los ajustes al proyecto de ley 644, que volverá a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Según el Ejecutivo, el proyecto conserva un déficit fiscal compatible con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública y con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
