La bancada frenteamplista pidió remover al ministro de Justicia y revertir 56 rebajas de pena concedidas a condenados por delitos sexuales y de lesa humanidad.
La bancada de diputados del Frente Amplio pidió este jueves al presidente José Antonio Kast que solicite la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, tras la entrega de más de 56 rebajas de pena a condenados por abuso sexual, violación de menores y crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado, los legisladores sostuvieron que la medida rompe con el criterio que, según dijeron, mantenían gobiernos anteriores al rechazar esas solicitudes y defender ese rechazo ante los tribunales.
Emilia Schneider, jefa de la bancada frenteamplista, afirmó que el gobierno de Kast ha mostrado su “total desprecio por las víctimas” y lo acusó de mostrar empatía solo con violadores de derechos humanos y con abusadores y violadores de niños y niñas.
También instó al Ejecutivo a dar discusión inmediata para construir un acuerdo transversal que permita evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir.
Schneider pidió además transparentar los datos de estas causas para que las familias y las víctimas conozcan qué ocurrió, quién cambió el criterio y quién tomó la decisión de liberar a esos condenados.
“Como Frente Amplio no seremos cómplices de la impunidad, ni menos de la crueldad que busca institucionalizar este gobierno”, agregó.
Por su parte, la subjefa de bancada, Carolina Tello, calificó la actuación del gobierno como “irresponsabilidad e incoherencia”, al señalar que no solo se rebajaron condenas a abusadores sexuales de niños y niñas, sino también a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Tello sostuvo además que el Ejecutivo dice preocuparse por las familias, pero impulsa beneficios tributarios para las grandes empresas, y que dice priorizar la seguridad mientras rebaja condenas a abusadores y violadores de derechos humanos.
La bancada también indicó que su reclamo se basa en declaraciones atribuidas a Rabat, quien primero dijo que se aplicó una “doctrina” de la Corte Suprema. Sin embargo, señaló que Gloria Ana Chevesich, presidenta de esa entidad, afirmó que fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a sus facultades legales.
Además, recordaron que desde 2022 la ley excluye de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores y que, desde entonces, la cartera de Justicia habría rechazado esas solicitudes. A juicio de los diputados, Rabat cambió ese criterio y optó por la interpretación más favorable a los agresores.
Las exigencias de la bancada
El bloque opositora pidió también que se vuelva de inmediato al criterio de negar estas solicitudes y defender ese rechazo en tribunales.
Asimismo, solicitó transparentar los 56 decretos, con detalle sobre cuántas personas resultaron beneficiadas, la fecha de los delitos, los antecedentes considerados y si se informó a las víctimas, además de explicar quién decidió cambiar el criterio y por qué.
Proyectos para frenar futuros beneficios
Finalmente, la bancada pidió discusión inmediata para los proyectos que buscan impedir la entrega de estos beneficios por cualquier interpretación, entre ellos una iniciativa impulsada por la propia diputada Schneider.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
