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Estado de emergencia en fronteras peruanas contra la criminalidad

Perú decreta estado de emergencia en sus fronteras para combatir criminalidad

Perú decreta estado de emergencia en sus fronteras para luchar contra la criminalidad

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado un estado de emergencia en todas las zonas fronterizas de Perú con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. Según la mandataria peruana, el objetivo de la medida es incrementar el control de los ciudadanos extranjeros en el país, responsabilizando a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país.

Boluarte ha dicho que los migrantes «lamentablemente están cometiendo» actos de delincuencia y que la ley de extranjería debería ser reformulada para solucionar el problema. En su rueda de prensa, la presidenta afirmó que el anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski permitió el ingreso libre por el norte de Perú a los migrantes, lo que ha dado lugar a un flujo de aproximadamente 800.000 venezolanos y otros tantos haitianos que están cometiendo delitos.

La medida aprobada permitirá la ejecución de operaciones policiales para controlar las fronteras con el objetivo de prevenir el orden interno y proteger los derechos constitucionales de la población. El estado de emergencia se aplicará en las regiones peruanas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. Puno, la única región fronteriza que ya tenía el régimen de excepción debido a las protestas, también se suma a esta lista.

Es importante destacar que las medidas propuestas por la mandataria peruana han generado controversia y han sido criticadas por diversos sectores. Algunos argumentan que la inseguridad ciudadana es un problema complejo que no puede ser solucionado culpando a los migrantes por los delitos cometidos por un pequeño grupo de individuos. Además, varios grupos han señalado que la medida podría resultar en discriminación y estigmatización de los migrantes.

En conclusión, es necesario buscar soluciones a la inseguridad ciudadana, pero estas no pueden ser implementadas mediante la discriminación y culpabilización de los migrantes. Es importante fomentar políticas públicas que aborden los problemas sociales y de seguridad de manera integral y en el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos.

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