La organización agregó que la restitución del acceso muestra que los bloques se han impuesto por vía administrativa y arbitraria, sin órdenes judiciales previas.
También documentó amedrentamiento e intimidación contra la prensa, entre ellos el acoso contra el periodista Oliver Fernández, de NTN24, por parte de la Policía Nacional Bolivariana mientras cubría una marcha de familiares de presos políticos, y la detención temporal del exalcalde Javier Oropeza en Carora tras ofrecer una entrevista radial.
Además, denunció una política de opacidad sobre temas de interés público, incluida la falta de datos oficiales tras tres meses del doblete sísmico en el país e irregularidades en la rendición de cuentas de los fondos de infraestructura y protección social.
En su balance, Espacio Público sostuvo que el periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil, con instrumentos jurídicos usados para castigar la palabra, entre ellos las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo».