El Tesoro estadounidense abrió una ventana de seis meses para operaciones humanitarias y de recuperación vinculadas con Venezuela tras los sismos del 24 de junio.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización temporal de sus medidas de supervisión financiera para permitir que bancos estadounidenses procesen transacciones autorizadas destinadas a la ayuda humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los sismos del 24 de junio.
Una excepción por seis meses para operaciones autorizadas
La decisión establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no emprenderá acciones de cumplimiento ni aplicará sanciones regulatorias contra las entidades financieras que procesen servicios autorizados en el país caribeño.
La medida estará vigente durante seis meses, entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.
Los límites de la flexibilización y el impacto de los sismos
Pese al margen concedido para reducir el riesgo de los bancos al mover fondos de asistencia, el Tesoro estadounidense dejó claro que las instituciones financieras deberán mantener activos sus programas de prevención contra el lavado de dinero y seguir respetando las sanciones vigentes administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La protección especial no cubrirá violaciones intencionales o deliberadas a las normativas financieras de Estados Unidos.
La flexibilización se conoció días después de que un informe del Banco Mundial señalara que los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por 39 segundos, causaron daños estimados en 19.600 millones de dólares y podrían frenar la recuperación económica nacional durante una década.
Las sanciones de Washington y sus ajustes desde 2015
El comunicado del Tesoro se enmarca en la trayectoria de medidas restrictivas y excepciones aplicadas por Washington hacia Caracas en la última década.
Entre 2015 y 2017 comenzó el ciclo de sanciones selectivas a funcionarios bajo la administración de Barack Obama, luego ampliadas a medidas económicas generales desde 2017. En 2019, el régimen sancionatorio se endureció con restricciones más amplias a la economía venezolana y a la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).
Más adelante, Washington emitió licencias específicas para operaciones clave, incluidas las petroleras, en un escenario de cambios políticos posteriores al 3 de enero.
