QUITO (AP) — Un juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, El magistrado Miguel Jurado determinó que Glas y otros 12 sindicados tendrán que afrontar el proceso en calidad de autores materiales de ese delito, por el cual la ley prevé una pena de prisión de tres a cinco años.
En el fallo, Jurado aseguró que tomó la decisión porque existen presunciones ciertas sobre la intervención de Glas como autor de asociación. Según dijo, como ministro y vicepresidente, teniendo como intermediario a su tío Ricardo Rivera, se “acordaron pagos del 1 al 1,3 % del monto de contratos vinculados a cinco proyectos estatales”.
Jurado también ratificó todas las medidas cautelares, como mantener en prisión a los procesados y pedir la repatriación del dinero y acciones que posean en el exterior.
A pesar de su situación legal, Glas sigue siendo vicepresidente.
Previo a esta decisión, un tribunal evaluó durante cuatro días 29 pruebas presentadas por el fiscal general Carlos Baca en contra de Glas. También están acusados en este caso un tío del vicepresidente que presuntamente actuó como intermediario para recibir los sobornos, el excontralor general, Carlos Pólit, y otros funcionarios ecuatorianos y extranjeros.
Luego de esto, el caso pasará a una sala penal de la Corte Nacional, donde se prevé una nueva audiencia para presentar pruebas de cargo y descargo, además de testigos, y finalmente se esperará una sentencia.
Baca, dijo la semana pasada que ha presentado “todos los elementos que sustentan la existencia de la asociación ilícita, como cada uno de los elementos que sirven para acusar a cada uno de los procesados”.
Este es uno de los procesos legales en los que está implicado el vicepresidente, quien también es investigado por otros presuntos delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito. Debido a sospechas de corrupción, el presidente Lenín Moreno despojó a Glas de todas las funciones administrativas desde inicios de agosto y fue detenido el 2 de octubre.
Odebrecht reconoció que entregó 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de la concesión de obras estatales, pero recientemente el procurador Diego García aseveró que los pagos ilegales habrían alcanzado 50 millones.
