Ecuador requerirá antecedentes penales en fronteras con Colombia y Perú

Ecuador endurece controles en fronteras con Colombia y Perú

El Gobierno de Ecuador ha anunciado nuevas medidas para reforzar la seguridad en sus fronteras con Colombia y Perú, en respuesta a la reciente oleada de actos violentos relacionados con el crimen organizado.

Exigencia de antecedentes penales

A partir de ahora, se requerirá a los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos cinco años, debidamente apostillado. Esta medida tiene como objetivo evitar el ingreso de individuos que representen una amenaza para la seguridad pública.

Excepciones a la regla

Se ha aclarado que los niños o adolescentes extranjeros que lleguen a Ecuador acompañados de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad estarán exentos de este requisito, con el fin de no afectar a aquellos que no representen un riesgo para la seguridad del país.

Directrices operativas

La Subsecretaría de Migración emitirá directrices operativas que faciliten el adecuado cumplimiento de esta disposición en los pasos fronterizos con Colombia y Perú, para garantizar que los controles se lleven a cabo de manera efectiva.

Medida para fortalecer la seguridad nacional

Según el Ministerio del Interior, esta medida tiene como objetivo fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de la nación, y se sustenta en el Acuerdo Ministerial Número 007, adoptado por el Gobierno ecuatoriano mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno.

Situación de violencia en Ecuador

Ecuador ha experimentado una semana de violencia, con motines en cárceles, retención de funcionarios penitenciarios, incendios de vehículos, secuestros y asesinatos de policías, e incluso la irrupción de delincuentes armados en un canal de televisión. Estas acciones se atribuyen a bandas criminales y están relacionadas con el plan del gobierno para recuperar el control de las cárceles, muchas de las cuales están dominadas por grupos de delincuencia organizada.