El gobierno de Daniel Noboa decretó un estado de excepción con una duración de 60 días en ocho de las 24 provincias del país, ante una crisis de seguridad marcada por el narcotráfico y la lucha de organizaciones criminales por el control territorial. La medida de emergencia busca frenar una ola de criminalidad que se extiende por el territorio nacional a pesar de los operativos conjuntos de las fuerzas militares y policiales.
Provincias afectadas y restricciones
Las regiones costeras de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, junto con la provincia andina de Pichincha, quedaron bajo el decreto de emergencia por causa de la grave conmoción interna. En estas áreas, las Fuerzas Armadas intervendrán directamente y se suspenderán temporalmente derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia para facilitar las operaciones de control.
Impacto de la criminalidad y cooperación internacional
De acuerdo con datos de Insight Crime, la situación refleja una violencia extrema con un asesinato cada hora en el país sudamericano, impulsada por bandas dedicadas al narcotráfico, los secuestros, las extorsiones y la minería ilegal. Esta nueva ofensiva gubernamental coincide con la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y se produce de manera paralela a operativos recientes en el océano Pacífico contra redes de reabastecimiento ligadas al grupo criminal Los Choneros.
