La norma ya rige en Ecuador y endurece castigos, crea nuevos delitos y fija mecanismos para golpear el financiamiento y los bienes del crimen organizado.
La Ley Antimafias entró en vigencia en Ecuador este 11 de noviembre de 2026, luego de su publicación en el Registro Oficial por orden del presidente Daniel Noboa Azín. La normativa reforma varios cuerpos legales y suma 39 artículos para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Penas más altas y nuevos delitos
La ley permite, de forma excepcional, la acumulación de penas de hasta 60 años de prisión en casos de tres o más delitos dolosos independientes.
Además, crea el delito de reclutamiento, incorporación o entrenamiento de personas mayores de 18 años para cometer crímenes, con castigos de 10 a 16 años de cárcel.
También incorpora el delito de desplazamiento interno forzado, sancionado con penas de 7 a 10 años, y el de confinamiento forzado, que prevé condenas de 5 a 7 años.
La norma añade sanciones para la colaboración externa, los facilitadores logísticos y la suspensión profesional de abogados o contadores que ayuden a estructuras criminales. En esos casos, la pena prevista va de 10 a 13 años de prisión.
La ley aclara que la prestación legítima de servicios profesionales y la defensa técnica no constituirán, por sí solas, colaboración externa. También precisa que los vínculos familiares, afectivos, vecinales, laborales, profesionales o comerciales con integrantes de una organización criminal no bastan para probar pertenencia funcional.
Bienes, hidrocarburos y cooperación con la Fiscalía
El texto también sanciona a quienes faciliten inmuebles, instalaciones, vehículos u otros recursos materiales a organizaciones criminales cuando sepan que serán usados para sostener operaciones o cometer delitos. La pena será de 10 a 13 años y subirá a 13 a 16 años si esos espacios o medios sirven para almacenar armas, explosivos, drogas, maquinaria destinada a la minería ilegal, bienes de origen ilícito o personas retenidas contra su voluntad.
En materia de hidrocarburos, la reforma al artículo 264 del COIP busca combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles y derivados. Para ello fija cuatro escalas de sanción: de 1 a 3 años para menor cantidad, de 3 a 5 años para escala mediana, de 5 a 7 años para la alta y de 7 a 10 años para la gran escala.
La normativa también incorpora la cooperación eficaz reforzada, una figura para que personas investigadas o procesadas por delincuencia organizada entreguen información útil para identificar y capturar a los principales integrantes de esas estructuras, recuperar bienes y activos o desarticular operaciones. Quienes colaboren voluntariamente con la Fiscalía y aporten datos precisos, verificables y relevantes podrán recibir una reducción de condena, aunque nunca inferior a un año de prisión.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
